{"id":7803,"date":"2010-06-01T01:20:00","date_gmt":"2010-06-01T04:20:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economicas.uba.ar\/extension\/vocesenelfenix\/?p=7803"},"modified":"2024-07-26T11:53:57","modified_gmt":"2024-07-26T14:53:57","slug":"pluralidad-mediatica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economicas.uba.ar\/extension\/vocesenelfenix\/pluralidad-mediatica\/","title":{"rendered":"Pluralidad medi\u00e1tica"},"content":{"rendered":"\t\t
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De la exclusi\u00f3n simb\u00f3lica a la inclusi\u00f3n comunicacional. Los debates alrededor de la Ley de Servicios de Comunicaci\u00f3n Audiovisual y la disputa por la hegemon\u00eda cultural.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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| Por Dami\u00e1n Loreti y Luis Lozano |<\/em><\/a><\/p>

A lo largo del \u00faltimo a\u00f1o hemos sido testigos de una disputa sin precedentes en la historia argentina por la ampliaci\u00f3n y reconocimiento legal del derecho al pluralismo y la diversidad de voces en las comunicaciones masivas. El proceso de consultas p\u00fablicas y debates que precedi\u00f3 al env\u00edo del proyecto de ley de Servicios de Comunicaci\u00f3n Audiovisual al Congreso, la sanci\u00f3n de la nueva norma y la posterior judicializaci\u00f3n que hasta hoy impide su entrada en vigencia constituyen, a grandes rasgos, los cap\u00edtulos de una historia cuyos alcances se extienden mucho m\u00e1s all\u00e1 de las disposiciones contenidas en la propia ley y de la que los testigos no podemos dimensionarla en toda su magnitud.<\/p>

Lo que est\u00e1 en juego es ni m\u00e1s ni menos que la democratizaci\u00f3n de una herramienta clave para el proceso de construcci\u00f3n de hegemon\u00eda cultural: los medios de comunicaci\u00f3n.<\/p>

El impulso de la nueva ley represent\u00f3 un quiebre hist\u00f3rico en el modo de relaci\u00f3n establecido a lo largo de las \u00faltimas tres d\u00e9cadas entre el Estado y los propietarios de medios comerciales. Una breve s\u00edntesis de los avatares que atraves\u00f3 ese v\u00ednculo nos permitir\u00e1 comprender el valor de la ruptura.<\/p>

Relaciones no del todo sabias ni sanas<\/h5>

Si bien es posible rastrear la supuesta falta de planificaci\u00f3n estatal desde los or\u00edgenes de la radiodifusi\u00f3n en la Argentina, dado que se discute si se careci\u00f3 de pol\u00edticas p\u00fablicas sobre la materia aunque existen quienes piensan que el retiro del Estado del sector es de por s\u00ed la adopci\u00f3n de una, la \u00faltima dictadura militar sent\u00f3 las bases de un sistema privatista, con un esquema de producci\u00f3n concentrado en Buenos Aires y una clara impronta autoritaria que conceb\u00eda a los medios de comunicaci\u00f3n como engranajes fundamentales para ocultar los horrores del terrorismo de Estado y generar consenso en torno a la implantaci\u00f3n de un modo de acumulaci\u00f3n asociado a la valorizaci\u00f3n financiera, en desmedro de la producci\u00f3n industrial. Sin embargo, esas mismas expectativas de control absoluto impidieron al gobierno de facto profundizar el proceso privatizador previsto por el decreto-ley 22.285 de 1980 y el Plan Nacional de Radiodifusi\u00f3n (Planara). En 1983, con la recuperaci\u00f3n de la democracia, la mayor parte de los medios audiovisuales se encontraban en manos del Estado.<\/p>

Poco despu\u00e9s de asumir, Ra\u00fal Alfons\u00edn dej\u00f3 sin efecto el Planara, revoc\u00f3 parte de las licencias que hab\u00eda otorgado el \u00faltimo gobierno de facto y se comprometi\u00f3 a impulsar una ley de radiodifusi\u00f3n. El proyecto elaborado por el Consejo para la Consolidaci\u00f3n de la Democracia, as\u00ed como otras iniciativas presentadas por legisladores de diferentes fuerzas pol\u00edticas \u2013en las que abreva la actual Ley de Servicios de Comunicaci\u00f3n Audiovisual\u2013, abrieron el camino para la democratizaci\u00f3n. Sin embargo, ninguno de estos proyectos lleg\u00f3 a tratarse en el recinto y el tema desapareci\u00f3 de la agenda p\u00fablica, al tiempo que el gobierno de Alfons\u00edn tambaleaba presa de la espiral inflacionaria que motivar\u00eda su salida anticipada de la presidencia.<\/p>

Carlos Menem lleg\u00f3 al gobierno el 9 de julio de 1989 con la promesa de privatizar los canales de televisi\u00f3n 11 y 13 y otros canales y radios antes de que finalizara el a\u00f1o. Los grandes medios gr\u00e1ficos locales, a punto ya de convertirse en multimedios, no ocultaban sus intenciones de expansi\u00f3n al mercado audiovisual y se empe\u00f1aban en contribuir a la legitimaci\u00f3n del proceso privatizador en general y de la concesi\u00f3n de los canales de televisi\u00f3n en particular.<\/p>

As\u00ed surgi\u00f3 una consigna que embander\u00f3 las cr\u00f3nicas de los principales diarios: los canales generaban p\u00e9rdidas millonarias para el Estado y al mismo tiempo faltaba gasa en los hospitales p\u00fablicos. Envalentonado, el Ejecutivo amenaz\u00f3 con cerrar las emisoras hasta que se transfirieran a manos privadas. Ante la posibilidad de perder los puestos laborales, los trabajadores reaccionaron r\u00e1pido y de manera unificada con la creaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Sindical de Medios de Comunicaci\u00f3n Social (Cosimecos, en la actualidad Confederaci\u00f3n Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicaci\u00f3n Social). La comisi\u00f3n tuvo su bautismo de fuego con el masivo acto realizado en la noche de la entrega de los premios Mart\u00edn Fierro, a trav\u00e9s del cual logr\u00f3 transmitir una consigna clara: \u201cNo al cierre de los canales\u201d. La magnitud del reclamo hizo que el ministro de Obras y Servicios P\u00fablicos, Roberto Dromi, desistiera de su idea y abriera un proceso de coadministraci\u00f3n entre el Estado y los sindicatos. Sin embargo, la suerte estaba echada. La Ley de Reforma del Estado (\u201cLey Dromi\u201d), aprobada en agosto de 1989, declar\u00f3 sujetos a privatizaci\u00f3n los canales 11 y 13 y algunas de las principales radios que formaban parte del Servicio Oficial de Radiodifusi\u00f3n (SOR), como Belgrano y Excelsior. A la vez, esta norma introdujo modificaciones precisas al decreto-ley de la dictadura, para favorecer el acceso de los grandes grupos empresarios nacionales a las licencias, manteniendo la exclusi\u00f3n para el capital extranjero.<\/p>

En cumplimiento de lo que hab\u00eda sido su compromiso de campa\u00f1a, a fines de diciembre de 1989 Menem entreg\u00f3 las licencias para operar los canales 11 y 13 a la Editorial Atl\u00e1ntida y el Grupo Clar\u00edn, los mayores propietarios de medios gr\u00e1ficos de la Argentina. Este proceso de licitaci\u00f3n se convirti\u00f3 en la primera experiencia privatizadora de la d\u00e9cada. Si bien en t\u00e9rminos de relevancia econ\u00f3mica result\u00f3 casi insignificante frente a las que vendr\u00edan en los meses siguientes (empresas p\u00fablicas de telefon\u00eda, de provisi\u00f3n de agua, gas, energ\u00eda el\u00e9ctrica y de transporte, entre otras), tuvo en realidad un peso simb\u00f3lico decisivo y sell\u00f3 una alianza entre el gobierno y los grandes medios de comunicaci\u00f3n locales que se mantendr\u00eda al menos hasta mediados de los \u201990. Esta alianza tuvo consecuencias directas para la construcci\u00f3n de un discurso hegem\u00f3nico que convirti\u00f3 en dogma los postulados emanados del Consenso de Washington.<\/p>

A lo largo de los diez a\u00f1os que siguieron, la pol\u00edtica comunicacional, las herramientas utilizadas y las formas de su adopci\u00f3n fueron en sentido contrario a cualquier atisbo de democratizaci\u00f3n. En sinton\u00eda con la impronta neoliberal, la norma de la dictadura militar no s\u00f3lo permaneci\u00f3 vigente, sino que adem\u00e1s se le realizaron una docena de modificaciones sustanciales destinadas a fortalecer a los multimedios nacionales favoreciendo sus procesos de concentraci\u00f3n, en una primera etapa, y a facilitar la entrada del capital extranjero en la radiodifusi\u00f3n, en un segundo momento. En la inmensa mayor\u00eda de los casos, estas reformas fueron decididas a partir de fuertes presiones empresariales que buscaban profundizar la estructura comercial, concentrada y transnacionalizada del sistema de medios. Cabe aclarar, adem\u00e1s, que esas modificaciones fueron resueltas sin ning\u00fan tipo de discusi\u00f3n p\u00fablica, en la mayor\u00eda de los casos a trav\u00e9s de decretos de necesidad y urgencia.<\/p>

La crisis de 2001 y la pesificaci\u00f3n asim\u00e9trica, pese a los profundos cambios que generaron sobre la estructura econ\u00f3mica, no modificaron el modo de relaci\u00f3n entre el Estado y los multimedios. Las empresas que se hab\u00edan endeudado en el exterior para financiar su ampliaci\u00f3n local, en particular en el mercado de la televisi\u00f3n por cable, corr\u00edan el riesgo de ser expropiadas por sus acreedores y la presi\u00f3n sobre los distintos poderes del Estado para que protegieran estos intereses no se hizo esperar. Como respuesta, entre fines de 2002 y mediados de 2003, el Ejecutivo impuls\u00f3 y el Congreso aprob\u00f3 la Ley de Preservaci\u00f3n de Bienes y Patrimonios Culturales, orientada a defender la titularidad del capital de esas industrias, antes que a generar una verdadera pol\u00edtica de incentivo a la producci\u00f3n nacional. Como corolario de este proceso, el decreto 527 de 2005 suspendi\u00f3 por diez a\u00f1os el conteo de los plazos de las licencias de radiodifusi\u00f3n, y de este modo estableci\u00f3 una pr\u00f3rroga de hecho por el lapso de una d\u00e9cada para los actuales licenciatarios.<\/p>

Es decir que, a lo largo de los \u00faltimos treinta a\u00f1os, quienes deb\u00edan ser regulados y controlados por el Estado, en tanto garante de la libertad de expresi\u00f3n y el derecho a la informaci\u00f3n de todos los ciudadanos, gozaron de las prerrogativas derivadas de una trama legal construida a la medida de sus necesidades. Al mismo tiempo, el reclamo por una ley de medios audiovisuales de la democracia permaneci\u00f3 relegado a ciertos sectores de la academia, algunos sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. La cuesti\u00f3n volver\u00eda a incorporarse de lleno en la agenda p\u00fablica reci\u00e9n a principios del a\u00f1o 2008.<\/p>

El gobierno nacional encabezado por la presidenta Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner fue el encargado de reabrir la discusi\u00f3n sobre este tema en el marco del lockout protagonizado por las patronales agropecuarias que se negaban a aceptar el esquema de retenciones m\u00f3viles a la exportaci\u00f3n de granos implementado por el Poder Ejecutivo. Los grandes multimedios tuvieron un papel determinante en el conflicto, al que construyeron discursivamente como un enfrentamiento ente \u201cel campo\u201d y el gobierno. La cobertura televisiva y radial de las movilizaciones sociales y los enfrentamientos entre distintos actores durante esos d\u00edas fue claramente sesgada a favor de los grupos agroexportadores e incluy\u00f3 representaciones discriminatorias y estigmatizadoras para los actores afines al gobierno. El conflicto puso de manifiesto como nunca antes las grandes asignaturas pendientes que el pa\u00eds deb\u00eda afrontar en materia de reconocimiento con car\u00e1cter universal de la libertad de expresi\u00f3n para alcanzar un verdadero pluralismo informativo. La democratizaci\u00f3n de las comunicaciones masivas volvi\u00f3 a convertirse entonces en una cuesti\u00f3n de Estado y comenz\u00f3 el proceso que culminar\u00eda con la sanci\u00f3n de la Ley de Servicios de Comunicaci\u00f3n Audiovisual.<\/p>

Inclusi\u00f3n y visibilidad<\/h5>

En vista de los desaf\u00edos que enfrenta hoy nuestro pa\u00eds, al igual que muchos otros en la regi\u00f3n, para garantizar niveles m\u00ednimos de equidad en sociedades profundamente desiguales, es necesario recuperar el valor de las pol\u00edticas p\u00fablicas.<\/p>

En materia de libertad de expresi\u00f3n, nos encontramos ante una situaci\u00f3n nueva que tiene que ver con la reconfiguraci\u00f3n de actores estatales que ya no pueden emparentarse ni con las l\u00f3gicas de censura, persecuci\u00f3n y muerte propias del terrorismo de Estado, ni con el acompa\u00f1amiento ciego de los movimientos del mercado, tal como ocurri\u00f3 en el per\u00edodo neoliberal. Es en esta reconfiguraci\u00f3n donde las pol\u00edticas destinadas a asegurar un debate robusto y saludable en el que todos los actores sociales puedan hacer o\u00edr su voz adquieren un nuevo sentido. No es concebible, as\u00ed lo indican incluso constitucionalistas norteamericanos como Owen Fiss, seguir suponiendo que el Estado es el enemigo de la libertad de expresi\u00f3n y que su rol se limita a proteger al orador en la esquina de la calle.<\/p>

La adopci\u00f3n de medidas proactivas tendientes a equilibrar las grandes diferencias que existen en el acceso y la participaci\u00f3n medi\u00e1tica podr\u00eda augurar un escenario diferente para los a\u00f1os venideros. Por un lado, es esperable que la democratizaci\u00f3n del sistema de medios se traduzca en una mayor diversidad de fuentes al permitir y promover la incorporaci\u00f3n de las organizaciones sin fines de lucro como prestadores de servicios audiovisuales. Por otra parte, el aprovechamiento de los avances tecnol\u00f3gicos, acompa\u00f1ado por medidas que impidan la concentraci\u00f3n abusiva y la formaci\u00f3n de monopolios u oligopolios de la informaci\u00f3n, promueve tambi\u00e9n una diversificaci\u00f3n de los contenidos. Este cambio permitir\u00eda responder con alternativas nuevas y de calidad a las m\u00faltiples expectativas de las audiencias y dar\u00eda cumplimiento al objetivo central del proceso de democratizaci\u00f3n, que tiene que ver con aumentar la visibilidad de los grupos tradicionalmente postergados, para que este ejercicio pleno de la libertad de expresi\u00f3n impulse su acceso a otros derechos.<\/p>

En la medida en que la concentraci\u00f3n medi\u00e1tica impide a los sectores m\u00e1s vulnerables de la poblaci\u00f3n dar a conocer sus demandas, organizarse y tomar la voz p\u00fablica para exigir un reconocimiento de sus derechos, obstaculiza tambi\u00e9n la plena inclusi\u00f3n social de estos grupos. De esta manera, se consolidan los privilegios y las l\u00f3gicas de exclusi\u00f3n en el funcionamiento de las diferentes instituciones sociales. Los mismos sectores que se ven impedidos de satisfacer sus derechos econ\u00f3micos, sociales y culturales, son tambi\u00e9n marginados de espacios clave para la incidencia, como los medios de comunicaci\u00f3n. En otras palabras, a la desigualdad socioecon\u00f3mica se suma la exclusi\u00f3n simb\u00f3lica.<\/p>

En relaci\u00f3n con lo anterior, es posible recuperar el dilema \u201creconocimiento-redistribuci\u00f3n\u201d que plantea la acad\u00e9mica estadounidense Nancy Fraser. De acuerdo con este esquema, una de las grandes asignaturas pendientes para la reducci\u00f3n de la desigualdad tiene que ver con la invisibilizaci\u00f3n a la que son sometidos los sectores excluidos y sus demandas espec\u00edficas. Si bien problem\u00e1ticas como la pobreza y la exclusi\u00f3n est\u00e1n presentes en las agendas de manera permanente, la referencia en los medios de comunicaci\u00f3n y en la opini\u00f3n p\u00fablica en general se limitan a la identificaci\u00f3n como colectivo. Se habla de \u201clos pobres\u201d, \u201clos marginados\u201d, \u201clos excluidos\u201d, pero no existe un reconocimiento verdadero de las personas que forman parte de estos grupos como participantes de la interacci\u00f3n social.<\/p>

Frente a esta situaci\u00f3n resulta fundamental fortalecer el rol del Estado para poner freno a la concentraci\u00f3n y garantizar la libertad de expresi\u00f3n de todos los ciudadanos. La puesta en marcha de un verdadero proceso de inclusi\u00f3n social y econ\u00f3mica resulta en la actualidad inseparable del desarrollo de una \u201cciudadan\u00eda medi\u00e1tica\u201d que incorpore no s\u00f3lo el pluralismo informativo, sino tambi\u00e9n la diversificaci\u00f3n de la propiedad, producci\u00f3n, circulaci\u00f3n y consumo de los bienes culturales.<\/p>

Esta necesidad se torna acuciante en el contexto actual, donde las dos terceras partes de la programaci\u00f3n que transmiten los canales de televisi\u00f3n abierta del interior del pa\u00eds consiste en contenidos producidos en Buenos Aires, que son retransmitidos de manera directa y s\u00f3lo tres empresas (Grupo Clar\u00edn, Telef\u00f3nica Internacional y Pramer) controlan m\u00e1s del 70 por ciento del mercado de comercializaci\u00f3n de se\u00f1ales de TV.<\/p>

El papel privilegiado que juegan los medios de comunicaci\u00f3n en la construcci\u00f3n de la agenda de cuestiones a atender por parte de los distintos poderes p\u00fablicos los convierte en resortes fundamentales para el funcionamiento de un Estado de derecho. Es por eso que su actividad no puede quedar supeditada de manera exclusiva a las l\u00f3gicas de la explotaci\u00f3n comercial, ni a una supuesta autorregulaci\u00f3n por parte del mercado. Esta \u00faltima opci\u00f3n, como qued\u00f3 largamente demostrado en las \u00faltimas d\u00e9cadas en nuestro pa\u00eds, s\u00f3lo genera una homogenizaci\u00f3n de los contenidos y una reproducci\u00f3n del discurso hegem\u00f3nico, derivada de la concentraci\u00f3n de la propiedad en pocas manos.<\/p>

La experiencia de los \u00faltimos meses nos obliga a repensar la informaci\u00f3n a partir de su car\u00e1cter de bien p\u00fablico. Desde esta perspectiva es posible concebir un nuevo orden medi\u00e1tico en el cual la pluralidad de voces permita poner m\u00e1s y mejor informaci\u00f3n al servicio del conocimiento, el di\u00e1logo y el debate p\u00fablico, pilares fundamentales de toda sociedad democr\u00e1tica.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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