{"id":9694,"date":"2017-04-01T01:10:00","date_gmt":"2017-04-01T04:10:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economicas.uba.ar\/extension\/vocesenelfenix\/?p=9694"},"modified":"2023-12-11T11:13:59","modified_gmt":"2023-12-11T14:13:59","slug":"bosques-y-extractivismo-en-la-argentina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economicas.uba.ar\/extension\/vocesenelfenix\/bosques-y-extractivismo-en-la-argentina\/","title":{"rendered":"Bosques y extractivismo en la Argentina"},"content":{"rendered":"\t\t
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La expansi\u00f3n de la frontera agr\u00edcola y ganadera implic\u00f3 la deforestaci\u00f3n de vegetaci\u00f3n nativa en varias provincias del norte argentino, afectando a las poblaciones. A la presi\u00f3n que generan las ventajas econ\u00f3micas de integrarse a los circuitos del modelo agroexportador, se suma la limitada aplicaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n y los mecanismos destinados a proteger el ecosistema natural de la zona.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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| Por Lorenzo Langbehn y Mariana Schmidt |<\/em><\/a><\/p>

1. Extractivismo, deforestaci\u00f3n y Ley de Bosques<\/h5>

Desde las \u00faltimas d\u00e9cadas del siglo XX, la hist\u00f3rica divisi\u00f3n internacional del trabajo y de la naturaleza se ha visto reactualizada con un impulso hacia la reprimarizaci\u00f3n de las econom\u00edas latinoamericanas, que reforzaron su perfil de proveedores de commodities<\/em> al mercado internacional. En la Argentina, una de las principales facetas de este proceso ha sido un extraordinario aumento de la producci\u00f3n agr\u00edcola, con la soja como cultivo emblem\u00e1tico. De orientaci\u00f3n netamente exportadora, el aumento de la producci\u00f3n agr\u00edcola vino aparejado de un proceso de concentraci\u00f3n de la producci\u00f3n y una creciente dependencia de tecnolog\u00edas controladas por empresas transnacionales.<\/p>

Al emerger como condici\u00f3n de posibilidad de un per\u00edodo de bonanza econ\u00f3mica y como pilar de las pol\u00edticas redistributivas impulsadas durante los gobiernos kirchneristas, el crecimiento agroexportador consigui\u00f3 una considerable legitimidad social y pol\u00edtica. Sin embargo, no faltaron voces cr\u00edticas que denunciaran las consecuencias negativas del proceso: progresivo empobrecimiento de los suelos, riesgos sanitarios debido al uso masivo de plaguicidas, erosi\u00f3n de la biodiversidad, desarticulaci\u00f3n de sistemas de vida desplazados por la agresiva expansi\u00f3n del \u201cmodelo\u201d, entre otras.<\/p>

Si en la regi\u00f3n pampeana el incremento de la producci\u00f3n implic\u00f3 un proceso de intensificaci\u00f3n agr\u00edcola, con reducci\u00f3n de las superficies ganaderas y aceleraci\u00f3n de las rotaciones de cultivos, en el norte del pa\u00eds, y especialmente en la regi\u00f3n chaque\u00f1a, se tradujo en una expansi\u00f3n de la frontera agr\u00edcola y ganadera sobre suelos antes cubiertos por vegetaci\u00f3n natural. As\u00ed, desde mediados de la d\u00e9cada de 1990, pero con mayor intensidad desde los primeros a\u00f1os del presente siglo, se observa la deforestaci\u00f3n de amplias superficies de bosques nativos en varias provincias del norte argentino, especialmente Santiago del Estero, Salta, Chaco, Formosa, y el norte de Santa Fe y C\u00f3rdoba. Seg\u00fan estimaciones de la Secretar\u00eda (hoy Ministerio) de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Naci\u00f3n, en el conjunto de esas provincias se deforestaron 732 mil hect\u00e1reas en el per\u00edodo 1998-2002, 1,19 millones de hect\u00e1reas en el per\u00edodo 2002-2006, y 1,42 millones de hect\u00e1reas entre los a\u00f1os 2006-2011.<\/p>

El avance de la frontera agropecuaria hacia territorios antes considerados \u201cmarginales\u201d o \u201cimproductivos\u201d no s\u00f3lo impact\u00f3 de modo irreversible sobre los bienes de la naturaleza, sino que tambi\u00e9n alter\u00f3 profundamente los sistemas de vida de poblaciones campesinas e ind\u00edgenas que hist\u00f3ricamente han habitado esos territorios. Debido a la falta de estabilidad legal y de reconocimiento de sus derechos de acceso a los recursos cr\u00edticos para su subsistencia y desenvolvimiento, se encuentran en situaci\u00f3n vulnerable frente a las pretensiones de inversores que buscan transformar las tierras a usos agr\u00edcolas o ganaderos, muchas veces esgrimiendo t\u00edtulos de propiedad leg\u00edtimos o fraguados. De esta manera, y como contrapartida de los procesos rese\u00f1ados, se observa un incremento en cantidad e intensidad de los conflictos por la tierra. Pese al surgimiento y fortalecimiento de organizaciones campesinas e ind\u00edgenas y a algunos avances legales (como la sanci\u00f3n en 2006 de la ley 26.160 de emergencia en materia de territorios ind\u00edgenas), no ha cesado la expulsi\u00f3n y el arrinconamiento de las poblaciones rurales por medios legales, como los juicios de desalojo, e ilegales, como los apremios y la violencia ejercida por bandas armadas y unidades parapoliciales.<\/p>

En este contexto social y ambiental por dem\u00e1s conflictivo, hacia fines del a\u00f1o 2007 el Congreso nacional sancion\u00f3 la ley 26.331 de Presupuestos M\u00ednimos de Protecci\u00f3n Ambiental de los Bosques Nativos (la \u201cLey de Bosques\u201d). En un plazo m\u00e1ximo de un a\u00f1o, instaba a cada provincia a realizar un Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) a trav\u00e9s de un proceso participativo, clasificando sus bosques en tres categor\u00edas de conservaci\u00f3n: bajo (categor\u00eda III, verde); mediano (categor\u00eda II, amarillo) y alto (categor\u00eda I, rojo).<\/p>

El proyecto de ley y su aprobaci\u00f3n fueron impulsados por grandes ONG ambientalistas que operan a escala nacional e internacional y que persiguen una agenda ligada al conservacionismo. Estos actores no s\u00f3lo lograron reclutar el apoyo masivo de un p\u00fablico predominantemente urbano identificado con esa agenda (que se materializ\u00f3 en la recolecci\u00f3n de m\u00e1s de un mill\u00f3n de firmas a favor del proyecto), sino que consiguieron tambi\u00e9n la adhesi\u00f3n de diversas organizaciones ind\u00edgenas y campesinas, y de organismos (gubernamentales y no-gubernamentales) que acompa\u00f1an sus reclamos, para quienes la regulaci\u00f3n de la deforestaci\u00f3n constitu\u00eda un objetivo estrat\u00e9gico en las luchas por el territorio.<\/p>

La sanci\u00f3n de la Ley de Bosques fue resistida por muchos de los legisladores y asociaciones agroempresariales de las provincias con mayores tasas de deforestaci\u00f3n, que ve\u00edan en la expansi\u00f3n agropecuaria un proceso de desarrollo econ\u00f3mico beneficioso para sus provincias, y acusaban a los legisladores del \u201cpa\u00eds rico\u201d de querer transformar al norte en un \u201cpulm\u00f3n verde\u201d que pagase \u201clas consecuencias de la contaminaci\u00f3n\u201d producida en las zonas m\u00e1s industrializadas del territorio nacional. Tras meses de dilaciones, su aprobaci\u00f3n pudo destrabarse gracias a la creaci\u00f3n del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservaci\u00f3n de los Bosques Nativos (el \u201cFondo de Bosques\u201d), mediante el cual el erario nacional compensar\u00eda a las provincias que protegieran los bosques nativos y a los propietarios de las tierras que quedaran sujetas a medidas de conservaci\u00f3n.<\/p>

A casi una d\u00e9cada de sancionada la norma, el balance de su aplicaci\u00f3n se presenta modesto. Si bien puede reconocerse una serie de aspectos positivos \u2013la apertura del debate acerca de los modos de uso y valorizaci\u00f3n del territorio, una mayor producci\u00f3n de conocimiento sobre los bosques y su conservaci\u00f3n, el fortalecimiento de las instituciones nacionales y provinciales encargadas de llevar adelante la pol\u00edtica de bosques nativos, y la negociaci\u00f3n de soluciones coordinadas entre Naci\u00f3n y provincias, entre otros\u2013, por otro lado no se aprecia una gran disminuci\u00f3n de la tasa de deforestaci\u00f3n, o siquiera una mayor selectividad de la transformaci\u00f3n de bosques a otros usos guiada por criterios ambientales y sociales, o la generalizaci\u00f3n de pr\u00e1cticas amigables con el ambiente, como pueden serlo algunas modalidades de uso ganadero combinadas con conservaci\u00f3n del bosque. A la vista de estos resultados cabe preguntarse si, en el contexto de la Argentina actual, las pol\u00edticas de conservaci\u00f3n del ambiente pueden tener alg\u00fan impacto sobre los procesos de expansi\u00f3n del modelo extractivista, o si est\u00e1n condenadas a quedar como meras declaraciones de buena voluntad frente al monol\u00edtico consenso reclutado por este.<\/p>

2. La ley en acci\u00f3n y la continuidad de la deforestaci\u00f3n<\/h5>

La puesta en marcha de la Ley de Bosques en las diferentes provincias se produjo con demoras: si bien el articulado exig\u00eda a las jurisdicciones definir su OTBN en el lapso de un a\u00f1o, a fines de 2008 solo Salta hab\u00eda sancionado la ley correspondiente (aunque esta, curiosamente, no inclu\u00eda el elemento principal, es decir, el mapa de ordenamiento, sino que encomendaba su confecci\u00f3n al Poder Ejecutivo). En 2009 la sucedieron Chaco, San Luis y Santiago del Estero, y las restantes provincias fueron regularizando su situaci\u00f3n en los a\u00f1os siguientes, excepto Buenos Aires, que a\u00fan se encuentra en mora.<\/p>

Si bien el impacto de estos ordenamientos sobre la evoluci\u00f3n del proceso de deforestaci\u00f3n es difuso y dif\u00edcil de evaluar, algunos datos pueden ofrecer indicios al respecto. En el aspecto cuantitativo, seg\u00fan informes publicados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Naci\u00f3n, en los a\u00f1os inmediatamente posteriores a la sanci\u00f3n de la ley 26.331 y de los OTBN provinciales hay una ligera declinaci\u00f3n de la tasa de deforestaci\u00f3n en las principales regiones boscosas de la Argentina, aunque los valores se mantienen elevados. Si nos concentramos en las provincias mencionadas m\u00e1s arriba, la deforestaci\u00f3n represent\u00f3 en t\u00e9rminos absolutos un total de 609 mil hect\u00e1reas en el per\u00edodo 2006-2007, 982 mil hect\u00e1reas en 2007-2011, 595 mil en 2011-2013 y 154 mil hect\u00e1reas para el per\u00edodo 2013-2014. S\u00f3lo en este \u00faltimo per\u00edodo se aprecia una disminuci\u00f3n significativa de la tasa de deforestaci\u00f3n, que, no obstante, permanece por arriba del 0,4% anual para la regi\u00f3n chaque\u00f1a, una cifra que no puede considerarse baja.<\/p>

Pero estos guarismos, si bien pueden resultar preocupantes en vista de los objetivos de la ley 26.331, no indican por s\u00ed mismos que la normativa haya resultado ineficaz, toda vez que en ella se prev\u00e9 que parte de la cobertura boscosa existente sea declarada de \u201cbajo valor de conservaci\u00f3n\u201d y pueda ser deforestada; de hecho, las provincias clasificaron en total m\u00e1s de 11 millones de hect\u00e1reas en la categor\u00eda III. No obstante, seg\u00fan datos del mismo organismo, aproximadamente el 40% de la superficie desmontada entre 2011-2013 se registra en bosques pertenecientes a las categor\u00edas I (3%) y II (37%), en los que est\u00e1 prohibida la deforestaci\u00f3n, y esta proporci\u00f3n no disminuye para el per\u00edodo 2013-2014, pese al descenso de la tasa de deforestaci\u00f3n. Es evidente, por lo tanto, que la categorizaci\u00f3n de un \u00e1rea boscosa como de mediano o alto valor de conservaci\u00f3n de ning\u00fan modo garantiza que ella no sea deforestada.<\/p>

La deforestaci\u00f3n en zonas correspondientes a las categor\u00edas I y II incluye desmontes sencillamente ilegales, pero tambi\u00e9n abarca casos amparados en procedimientos administrativos que permiten excepciones a lo dispuesto en los OTBN, as\u00ed como pr\u00e1cticas toleradas por algunas provincias para la categor\u00eda II a t\u00edtulo de \u201csistemas silvopastoriles\u201d, presuntamente sustentables, aunque en las im\u00e1genes satelitales y en sus efectos ecol\u00f3gicos y sociales no se distingan de los desmontes agr\u00edcolas.<\/p>

En cuanto a la modificaci\u00f3n ad hoc<\/em> de los OTBN, el caso m\u00e1s notorio es el de Salta, donde mediante el decreto 2211\/10 se admiti\u00f3 la \u201crecategorizaci\u00f3n\u201d de predios a solicitud de los interesados, lo que en muchos casos permiti\u00f3 que se autorizaran desmontes en terrenos inicialmente zonificados en categor\u00edas I y II. Estas recategorizaciones se realizaban mediante un tr\u00e1mite administrativo, sin una audiencia p\u00fablica u otros mecanismos que otorgaran alg\u00fan control a los posibles afectados. Sin embargo, dado que constitu\u00eda de hecho una modificaci\u00f3n del OTBN, el mecanismo alteraba la exigencia contenida en la Ley de Bosques de que este fuera establecido de manera participativa, y fue derogado en el a\u00f1o 2014 (decreto 3749).<\/p>

En cuanto a los sistemas silvopastoriles, existe un complejo debate acerca de las caracter\u00edsticas que deben presentar para resultar ecol\u00f3gicamente sustentables; un requisito clave en este sentido es que el manejo ganadero no impida la regeneraci\u00f3n natural de las especies que forman la matriz boscosa. Pero mientras que este debate es todav\u00eda en buena medida asunto de especialistas, en la pr\u00e1ctica se utilizan y se autorizan desde los Estados provinciales a t\u00edtulo de \u201csistemas silvopastoriles\u201d, manejos que consisten simplemente en la eliminaci\u00f3n de toda la vegetaci\u00f3n le\u00f1osa con excepci\u00f3n de unos pocos \u00e1rboles de sombra, seguida de la implantaci\u00f3n de pastos. De este modo, se autoriza en zonas de categor\u00eda II un uso puramente ganadero, sin regeneraci\u00f3n o manejo del bosque, en contra de lo exigido por la Ley de Bosques.<\/p>

Por \u00faltimo, m\u00e1s all\u00e1 de estos casos, una gran proporci\u00f3n de la deforestaci\u00f3n es lisa y llanamente ilegal, es decir, no se ampara en ambig\u00fcedades normativas como las mencionadas. Seg\u00fan una estimaci\u00f3n de la provincia de Santiago del Estero, entre 2008 y 2014 se deforestaron all\u00ed sin ning\u00fan tipo de autorizaci\u00f3n o sujeci\u00f3n a las normas vigentes, m\u00e1s de 600 mil hect\u00e1reas, mientras que 144 mil hect\u00e1reas se deforestaron con autorizaci\u00f3n. Es interesante se\u00f1alar que la superficie desmontada de manera ilegal incluy\u00f3 280 mil hect\u00e1reas zonificadas en categor\u00eda III, que hubieran podido ser desmontadas de manera legal (siempre y cuando cumplieran con los restantes requisitos, entre ellos, especialmente, el de no estar sujetas a conflictos por la tenencia de la tierra). Si bien no existe informaci\u00f3n comparable para otras provincias, no hay indicios que permitan suponer que el caso santiague\u00f1o sea excepcional en este aspecto.<\/p>

Ahora bien, frente a estas limitaciones en la eficacia de los OTBN, resulta al menos dudoso que la disminuci\u00f3n de la deforestaci\u00f3n en el \u00faltimo per\u00edodo para el que hay datos (2013-2014) pueda imputarse al impacto de la Ley de Bosques. Probablemente deba explic\u00e1rsela m\u00e1s bien por otros factores, tales como la baja en el precio de los commodities<\/em> agr\u00edcolas o el relativo agotamiento del stock de tierras con potencial de transformaci\u00f3n, que en ambos casos se traducir\u00eda en una menor presi\u00f3n de deforestaci\u00f3n.<\/p>

En definitiva, la continuidad o no de las actividades de desmonte y tala ilegal, y la violaci\u00f3n o cumplimiento de la zonificaci\u00f3n establecida en los OTBN, est\u00e1n en gran medida sujetas a la capacidad de control, monitoreo y sanci\u00f3n que las autoridades provinciales puedan ejercer, y en \u00faltima instancia dependen de la voluntad pol\u00edtica de fortalecer esas capacidades. Sin embargo, el compromiso de los gobiernos provinciales con el objetivo de reducir la deforestaci\u00f3n puede caracterizarse como tibio, en el mejor de los casos. En efecto, estos tienden a visualizar la expansi\u00f3n agropecuaria como un proceso de desarrollo econ\u00f3mico deseable, y en muchos casos despliegan pol\u00edticas destinadas a fomentarla.<\/p>

Por otra parte, tampoco las autoridades nacionales han otorgado una alta prioridad a la protecci\u00f3n de los bosques nativos. Es elocuente en este sentido el desfinanciamiento cada vez m\u00e1s agudo del Fondo de Bosques. Como hemos dicho, la creaci\u00f3n de este fondo, destinado en un 70% a compensar a los titulares de las tierras en cuyas superficies se conservan bosques nativos y en el restante 30% al fortalecimiento institucional de las autoridades de aplicaci\u00f3n provinciales, permiti\u00f3 en su momento destrabar las negociaciones para que fuera aprobada la ley 26.331.<\/p>

Sin embargo, desde que se libraron las primeras partidas en el a\u00f1o 2010, los montos asignados al Fondo han sido inferiores al m\u00ednimo previsto en la ley, que es del 0,3% del presupuesto nacional. Para 2010, esto habr\u00eda equivalido a unos $ 821 millones; frente a ello, la dotaci\u00f3n del Fondo de Bosques para ese a\u00f1o fue de s\u00f3lo $ 300 millones (un 36,5% del m\u00ednimo previsto). De all\u00ed en m\u00e1s, el monto en pesos asignado anualmente ha sido igual o menor que el de 2010, mientras que el presupuesto nacional se incrementaba en t\u00e9rminos nominales a\u00f1o a a\u00f1o. De esta manera, el Fondo recibi\u00f3 en 2012 un 17,8% de lo previsto en la ley, en 2014 un 8,92%, y en el presupuesto anual 2016, con $ 246 millones, recibe un 5,24% de lo indicado. En estas circunstancias, no resulta sorprendente que apenas un 5,5% de la superficie de las \u00e1reas boscosas declaradas en los OTBN provinciales se encuentre alcanzada por los subsidios del Fondo de Bosques: 2,96 millones de hect\u00e1reas para el a\u00f1o 2015, sobre 53,9 millones de hect\u00e1reas declaradas en los OTBN, seg\u00fan informa el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Naci\u00f3n.<\/p>

El desfinanciamiento del Fondo de Bosques ha sido denunciado en reiteradas oportunidades por ONG ambientalistas, asociaciones de productores agropecuarios y forestales, e incluso desde las administraciones provinciales. Sin embargo, a\u00f1o tras a\u00f1o su dotaci\u00f3n se ha ido deteriorando, a la par que desde el gobierno nacional se difundieron proyectos territoriales para el norte del pa\u00eds claramente orientados hacia la profundizaci\u00f3n del perfil agroexportador de las provincias afectadas por procesos de deforestaci\u00f3n.<\/p>

Vale mencionar en este sentido que una de las Metas 2020 del \u201cPlan Estrat\u00e9gico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal\u201d elaborado durante el anterior gobierno por el Ministerio de Agricultura, Ganader\u00eda y Pesca (hoy Ministerio de Agroindustria) era ampliar la superficie cultivada con granos en un 27% con respecto al a\u00f1o 2010 (alcanzando las 42.000.000 de hect\u00e1reas), proyectando un aumento de la superficie sembrada con soja del 20%. Ello implicaba necesariamente la continuidad del proceso de deforestaci\u00f3n. De manera similar, el \u201cPlan Belgrano\u201d anunciado por el presidente Macri augura una bater\u00eda de pol\u00edticas e inversiones en infraestructura y servicios para dar competitividad a las postergadas provincias del norte, con el prop\u00f3sito central de desarrollar los transportes que permitan una movilizaci\u00f3n m\u00e1s eficiente de los productos hacia los puertos de exportaci\u00f3n. Son claras en este caso las reminiscencias del proyecto IIRSA, orientado a atender la demanda internacional de materias primas mediante un dise\u00f1o centr\u00edfugo del sistema de transporte, acentuando el car\u00e1cter extractivo del modelo de desarrollo. Sin un esfuerzo decidido y consecuente para proteger los bosques nativos, estos proyectos territoriales tender\u00e1n claramente a reforzar el impulso a la deforestaci\u00f3n y a la disrupci\u00f3n de los sistemas de vida de las poblaciones rurales vulnerables.<\/p>

3. Entre la conservaci\u00f3n de la naturaleza y la continuidad del modelo extractivo<\/h5>

La cuesti\u00f3n de fondo, en definitiva, es qu\u00e9 eficacia pueden tener las pol\u00edticas ambientales sin una interpelaci\u00f3n profunda al modelo de desarrollo vigente, orientado por una l\u00f3gica extractiva en relaci\u00f3n con los bienes de la naturaleza. Cabe preguntarse, en efecto, hasta qu\u00e9 punto la aplicaci\u00f3n eficaz de la Ley de Bosques supone una revisi\u00f3n general del modelo agropecuario productor de commodities<\/em> y generador de divisas, que empuj\u00f3 el avance de la deforestaci\u00f3n en las \u00faltimas d\u00e9cadas, revisi\u00f3n que actualmente aparece lejana, o si la pol\u00edtica ambiental puede operar como medida correctiva, orientando el proceso de desarrollo hacia formas m\u00e1s amigables con el ambiente y m\u00e1s compatibles con los modos de vida de las poblaciones ind\u00edgenas y campesinas, sin cuestionarlo fundamentalmente.<\/p>

El balance, hasta ahora, no es alentador. Impulsada y concebida para frenar los desmontes, cuidar los bosques y proteger los derechos de las poblaciones ind\u00edgenas y campesinas, la Ley de Bosques en su aplicaci\u00f3n, tanto a nivel provincial como a trav\u00e9s del vaciamiento del Fondo de Bosques por el Estado nacional, termina en los hechos pleg\u00e1ndose silenciosamente a las exigencias de la matriz extractivista.<\/p>

Esto, por cierto, no quita que la Ley de Bosques haya generado diversos efectos que pueden contribuir a una protecci\u00f3n m\u00e1s eficaz de los bosques en un futuro pr\u00f3ximo. En t\u00e9rminos institucionales, los organismos forestales de la Naci\u00f3n y de las provincias se han ido fortaleciendo con la incorporaci\u00f3n de personal especializado y la estructuraci\u00f3n de sistemas de informaci\u00f3n que ofrecen en la actualidad posibilidades para la gesti\u00f3n de los bosques que en 2007, al sancionarse la ley, se encontraban muy lejanas. Del mismo modo, en torno a la sanci\u00f3n y la aplicaci\u00f3n de la Ley de Bosques se ha dinamizado la generaci\u00f3n de conocimiento sobre los bosques y su uso, sobre el proceso de deforestaci\u00f3n, sobre sistemas productivos menos agresivos para con el ambiente, que permiten hoy enfrentar con mejores herramientas los desaf\u00edos que implica la conservaci\u00f3n de los bosques. En lo referente a los conflictos territoriales, hay alguna apropiaci\u00f3n de la Ley de Bosques por parte de actores subalternos, que pueden movilizar los instrumentos brindados por ella como un argumento m\u00e1s en sus resistencias.<\/p>

Pero todo ello, por ahora, solo abre un abanico de posibilidades. Una aplicaci\u00f3n m\u00e1s eficaz de la Ley de Bosques, aun dentro de los l\u00edmites de un modelo fundamentalmente orientado a sacrificar bienes naturales por divisas, requiere de una revisi\u00f3n de los proyectos de desarrollo que gu\u00edan las pol\u00edticas nacionales y provinciales para las zonas boscosas del pa\u00eds.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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