| Por Agustín Mario |

El Estado argentino cuenta con su propia moneda, el peso argentino ($). No obstante, el $ no siempre es utilizado de la mejor manera por quien posee la prerrogativa de imponer obligaciones en dicha unidad de medida. Contar con una moneda propia es potencialmente lo más efectivo, siempre y cuando se entienda cómo utilizarla; de lo contrario, puede ser incluso peor que renunciar a tener una moneda propia.

El $, adecuadamente manejado, puede sostener el pleno empleo junto con una superior estabilidad de precios (tal como serán definidos). Sin embargo, hay limitaciones específicas de la situación argentina que deben ser tenidas en cuenta.

El peso argentino: una descripción de su funcionamiento

El Estado argentino impone obligaciones impositivas (coercitivamente) pagables sólo en $. Al hacerlo, define al $ como lo que es aceptado/necesario para pagar impuestos, es decir, un crédito fiscal. Las obligaciones impositivas crean demanda de $: al menos para pagar impuestos, los usuarios deben obtener $ (ofreciendo bienes y servicios a cambio de $). “Taxes drive money”: una obligación impositiva es suficiente –aunque no necesaria– para crear una necesidad de $ y, de ese modo, darle valor.

El Estado (incluyendo el Tesoro y el Banco Central), en tanto emisor monopólico de $ (en rigor de activos financieros netos –AFN–), debe gastar antes de que los usuarios puedan pagar impuestos; piense el lector, ¿de dónde sacamos las entradas para ir a la cancha si no se emiten antes? Es evidente que el emisor de $ no necesita recaudarlos para poder gastarlos, por lo que el rol de los impuestos no puede ser el de financiar (hacer posible) el gasto público.

En este punto suele aparecer una pregunta recurrente: si no necesita recaudar para gastar, ¿por qué no eliminar los impuestos? La obligación impositiva funciona para que los usuarios necesiten $, asegurando su demanda. Es decir, mantiene el incentivo a ofrecer bienes y servicios a cambio de $; el Estado no impone una obligación impositiva para recaudar sino para movilizar recursos al sector público.

Una digresión: una vez que se comprende para qué sirven, no es difícil ver que los impuestos a los activos (por ejemplo, a la propiedad inmobiliaria) reducirían la prociclicidad de la recaudación en comparación con aquellos que gravan las transacciones. Por supuesto, procurando evitar excesos pueden gravarse “males” (pero nótese que el éxito de estos impuestos implicaría una recaudación nula).

Retomando, un superávit público es imposible en el primer período, y su magnitud está limitada en lo sucesivo por los déficits acumulados previamente (la deuda pública o la oferta neta de AFN). Por definición, el déficit del gobierno es el superávit del resto de la economía. El déficit público es la única forma de satisfacer un deseo de ahorro en el resto de la economía: en un período dado, un deseo del resto de la economía de tener un superávit –no gastar la totalidad de sus ingresos– solo puede ser resuelto por el gobierno (desde “afuera”).

Así como no puede recaudar si antes no gastó, el emisor no puede pedir prestado/vender bonos antes de haber gastado. El emisor de $ no necesita pedir prestado para poder gastar, por lo que la tasa de interés que paga por los bonos que ofrece es exógena (una decisión de política). Si el emisor no ofrece una tasa positiva (o remunera las reservas bancarias), la tasa (natural) de interés es cero. Es decir, el emisor no pide prestado para poder gastar sino para evitar que la tasa de interés sea cero.

A diferencia de los usuarios, el emisor de $ no tiene restricciones financieras en $: puede comprar/pagar todo aquello denominado (que tenga un precio) en $. La capacidad de compra del emisor está limitada por lo que está disponible a la venta a cambio de $. Por supuesto, puede haber también limitaciones “autoimpuestas” (por ejemplo, límites legales al gasto, el déficit, la deuda, etc.). Del mismo modo, si, por algún motivo, la sociedad llegara a creer que fuera peligroso caminar al ritmo que lo hacemos normalmente en la actualidad, podría sancionarse una ley que nos obligara a atarnos los cordones de una zapatilla con los de la otra.

Como el emisor de $ no tiene restricciones financieras en $, las opciones de política deben evaluarse por sus efectos en términos de objetivos y no por aumentar/disminuir el déficit/superávit, un mero residuo contable (ni bueno ni malo); las finanzas públicas deben ser funcionales a los objetivos de política (por ejemplo, el pleno empleo y la estabilidad de precios).

La necesidad de un ancla para el valor del $

La economía necesita $ para pagar impuestos (al menos), por lo que el emisor monopólico puede establecer su precio exógenamente. En una política de buffer stock (o de gasto restringido por precio) el Estado compra/vende la cantidad del ítem del buffer stock que el mercado desee al precio establecido. El patrón-oro o la convertibilidad en la Argentina son ejemplos de políticas de buffer stock. Hay pleno empleo del ítem del buffer stock, ya que siempre es posible venderlo al Estado, y, mientras no cambie el precio exógeno, el valor (absoluto) de la moneda es estable (en términos del ítem del buffer stock). No hay inflación/deflación, aunque los precios relativos (y, con ellos, algún índice de precios) pueden variar. Como el resto del gasto público debe hacerse a precios de mercado es preciso restringir la cantidad (a fin de mantener la convertibilidad). Esto es, el gasto público no destinado a adquirir el ítem del buffer stock debe ser discrecional.

En lugar de utilizar el oro o el dólar como ancla, el gobierno puede utilizar el trabajo básico financiando la contratación de cualquiera que quiera y pueda trabajar a cambio de un salario exógeno (que se convertirá en el mínimo efectivo de la economía). Habría pleno empleo –cualquiera que quiera vender su tiempo al gobierno al salario establecido puede hacerlo– y el valor del $ sería internamente estable (en términos de trabajo básico).

La economía contaría con un estabilizador automático contracíclico: cuando aumenta el empleo en el resto de la economía, el gobierno vendería trabajo (reduciendo el gasto público) para evitar que suba su precio (y viceversa). Al gastar con una regla de precio, el gasto de $ estará determinado por el mercado: será el necesario para que la economía pueda pagar impuestos y satisfacer su deseo de ahorro, sosteniendo el pleno empleo.

Lo sepa o no, el gobierno tiene dos opciones (mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas): seguir utilizando un buffer stock de desempleados o comenzar a usar uno de empleados. Si se considera que el desempleo sirve para estabilizar, un buffer stock de trabajo básico debería ser superior (al aumentar la empleabilidad/sustituibilidad de los trabajadores suplementarios en comparación con los desempleados). Del mismo modo en que procuraríamos evitar que el trigo almacenado se eche a perder en el marco de un buffer stock de trigo, es fundamental que la política pública impida que continúe el deterioro de “capital humano” que supone la política actual.

Limitaciones de la situación argentina

Gastar “demasiados” $ más allá del gasto destinado a la política de buffer stock usa espacio fiscal (dado por las obligaciones impositivas más el deseo de ahorro del resto de la economía) y puede agotarlo: si ya nadie desea vender trabajo básico al salario mínimo (o si el tamaño del buffer stock deja de ser elástico), el valor del $ se habrá redefinido (hacia abajo).

Buena parte de la deuda pública argentina está denominada en moneda extranjera (en u$, para simplificar). El Estado argentino es el emisor del $ y, como tal, puede comprar todo aquello que tenga un precio en $. Como el $ sirve, al menos, para pagar impuestos, tiene valor y, por lo tanto, el u$ tiene un precio en $ –el tipo de cambio– por lo que puede comprar los u$ requeridos para pagar la deuda.

El gasto de $ para pagar la deuda en u$ es el producto del precio (el tipo de cambio) por la cantidad (la cantidad de u$ que deben pagarse). A diferencia de lo que ocurre con otros gastos que pueden reducirse (y, en el extremo) eliminarse, el gobierno no puede restringir este gasto por cantidad. Y, excepto que pueda decidir el tipo de cambio, tampoco puede restringir este gasto por precio.

Es decir que excepto que el gobierno pueda elegir el precio y/o la cantidad de aquello en lo que gasta $, su gasto es no discrecional. Por lo tanto, podría agotar el espacio fiscal dado por las obligaciones impositivas más el deseo de ahorro de $ por parte de los usuarios. Esto es, el gobierno podría verse obligado a pagar precios más altos por los u$ que necesita para pagar la deuda, reduciendo el valor del $, lo que comúnmente se denomina inflación¹. De hecho, las hiperinflaciones han estado estrechamente asociadas a crisis de deuda pública en moneda extranjera (de la que se es usuario)².

Los gastos no discrecionales generan incentivos a establecer el precio de aquello en lo que se está obligado a gastar; en particular, el gasto necesario para pagar la deuda en u$ genera incentivos a fijar el tipo de cambio, esto es, a restringir el gasto por precio de modo de evitar el riesgo inflacionario. El resto del gasto debe limitarse para proteger las reservas y garantizar la convertibilidad. Es decir, el desempleo es el costo de los regímenes de tipo de cambio fijo (más o menos rígidos, incluyendo al crawling peg actual)³.

Aunque para muchos “vivir con lo nuestro”, como proponía Aldo Ferrer, puede tener gusto a poco, cualquier acuerdo que implique pagos netos de u$ implica vivir “con menos de lo nuestro” ya que parte de las exportaciones deben destinarse al pago de la deuda que, de otro modo, podrían incrementar las importaciones y, por lo tanto, la oferta global. Esta es la principal restricción de la economía argentina en la actualidad.

Cualquier opción que implique no hacer pagos netos (extender las negociaciones pero sin hacer pagos, períodos de gracia, nuevos préstamos que luego no se paguen o no se paguen en su totalidad, etc.) es preferible siempre que no implique términos y condiciones para la política económica.

Si esto no fuera posible, una alternativa es un impuesto, pagable en u$, a las exportaciones brutas, la única fuente de u$ (que podría, incluso, ser deducible de otros impuestos). Por ejemplo, un 3% de los 92.000 millones de u$ por exportaciones en el último año hubieran permitido pagos por más de 2.700 millones de dólares. Dada la excepcionalidad de la situación –el FMI violó su propio estatuto al otorgar el préstamo a la Argentina–, podrían negociarse plazos más largos, quizás 30/40 años, junto con quitas y tasas especiales, lo cual podría aliviar la situación. Esta opción no está exenta, no obstante, de costos reales: implica seguir viviendo “con menos de lo nuestro”.

Una alternativa interesante es la que propuso Warren Mosler allá por 2004: denominar la deuda en horas de trabajo básico⁴. Multinacionales en la Argentina podrían demandar esos labor-backed bonds y usarlos para pagar salarios. Un poco de aritmética puede ayudar a entender la propuesta. Digamos que se negocia que una deuda de 100.000 millones de u$ equivale a 100.000 millones de horas de trabajo básico –a razón de 1 u$ la hora–. En un plazo de 10 años, son 10.000 millones de horas de trabajo básico al año. Si se trabajan 2.000 horas al año, son 5 millones de horas de trabajo básico por año. Por supuesto, si el plazo fuera mayor y/o el monto menor, la situación podría ser tanto más aliviada. Aunque esos recursos laborales podrían destinarse a usos alternativos, el gasto estaría limitado por el pleno empleo –sin resignar importaciones–.

En cualquier caso, y por razones obvias, la opción del default tiene que estar arriba de la mesa. Como puede apreciarse, no se trata de una cuestión meramente técnica.

Conclusión

Una vez que se comprende el funcionamiento del $ como un crédito fiscal resulta absurdo que el emisor de $ no gaste lo suficiente para que la población pueda cumplir sus obligaciones impositivas y atesorar; esto implica que hay personas dispuestas a vender su tiempo a cambio del salario mínimo que, no obstante, no pueden hacerlo. Mientras que contratar a los desempleados solo tiene un costo financiero, dejarlos desempleados implica un costo real (o de oportunidad, lo que los desempleados podrían hacer).

En un sentido, no importa lo que 1$ puede comprar sino “lo que todos los $ pueden comprar” (la riqueza real). Sin embargo, cumplir una meta de inflación (en rigor, variación de algún índice de precios) baja y estable es deseable (al menos para evitar las pérdidas de poder de compra entre ajustes que implica cualquier mecanismo de indexación).

Para estabilizar su valor, las monedas necesitan un ancla. Aquí hemos propuesto utilizar el trabajo básico. Sin embargo, hay ciertas especificidades de la situación actual de la economía argentina que podrían limitar la estabilidad del $. En particular, hay ciertos gastos de $ que el gobierno no puede decidir eliminar (i.e., no tiene discrecionalidad en el gasto de $). Debe gastar $ para pagar los vencimientos de su deuda en moneda extranjera y en $ indexada. Además, buena parte del gasto público está indexado a través de distintos tipos de arreglos institucionales (si bien los ajustes en función del pasado no pueden acelerar la inflación, la institucionalizan e impiden su reducción/eliminación).

Aunque no estaría exenta de costos reales, esbozamos dos propuestas para renegociar la deuda pública en moneda extranjera que, como mínimo, eliminarían los términos y condiciones impuestos por el FMI a la política económica. En definitiva, el valor del $ es una función de los precios que paga el emisor de $ cuando gasta; si se desea estabilizar el valor del $ es preciso recuperar la discrecionalidad en los precios que paga el gobierno cuando gasta terminando con la indexación, una tarea que, por supuesto, no es solo técnica.

Notas:
1) La deuda pública en $ indexada (al tipo de cambio/dollar-linked, el nivel de precios/CER y/o al más rentable de estos/duales) conlleva el mismo riesgo inflacionario de aquella denominada en moneda extranjera: el gobierno no puede gastar con regla de precio (no decide la tasa de interés, que es endógena). ⇑
2) Los términos y condiciones de los acuerdos del FMI (Fondo Monetario Internacional) con el gobierno anterior operaban en este sentido. Específicamente, una meta para el TCR (tipo de cambio real) implicaba indexar el tipo de cambio nominal a la diferencia de inflación entre Argentina y EE.UU., retroalimentando la suba de precios. En el mismo sentido, el objetivo de tasa de interés real positiva –aun cuando su cumplimiento no pueda garantizarse– suponía indexar/endogeneizar la tasa de interés a la inflación. De modo que, a pesar de no haber devuelto aún un solo dólar del capital (aunque se pagaron 11,1 mil millones de u$ de intereses) y de haber incumplido buena parte de las metas de los distintos acuerdos, los términos y condiciones del FMI tuvieron efectos (aceleración de la inflación) sobre la economía argentina. ⇑
3) Cumplir con los compromisos en moneda extranjera obliga a elegir entre el desempleo (si el ítem del buffer stock es el dólar) y la inflación (si el ítem del buffer stock es el trabajo básico). A esta altura, suele aparecer un interrogante casi obvio: ¿por qué no implementar dos buffer stocks, uno para el dólar y otro para el trabajo básico? Lamentablemente, lo que en la literatura se conoce como el “problema de los dos precios” implica que el gobierno no puede mantener más de un buffer stock, excepto que el precio relativo establecido coincida con el de mercado; de lo contrario, perderá sus reservas de la relativamente barata. ⇑ 
4) Ver https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-43052-2004-11-01.html. ⇑