El ordenamiento internacional que se instituyó a partir de la Segunda Guerra Mundial atraviesa hoy una profunda crisis, acaso terminal. Es una crisis institucional y también una crisis de los valores esenciales que deberían regir la relación entre las naciones.

Esta crisis encuentra su origen en decisiones unilaterales por parte de algunos países con la intención de resolver conflictos por fuera de las instituciones creadas para solucionar las controversias internacionales de manera pacífica, tal como las Naciones Unidas; del mismo modo quedan afectadas aquellas instituciones destinadas a favorecer la cooperación internacional para el desarrollo y evitar un desorden económico como el que caracterizó el período de entre guerras. La idea fundacional era establecer un orden internacional basado en reglas obligatorias para todos los países, ya fueran éstos grandes o chicos, fuertes o débiles, desarrollados o subdesarrollados.

Es evidente que tal orden nunca existió en plenitud: siempre los países más poderosos hicieron pesar ese poder mediante distintas formas de dominación, para no respetar esos principios cuando no convenía a sus intereses. Más aún, lograron en gran medida manejar las instituciones internacionales para que el “orden internacional” les fuera favorable. Así, controlaron el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con su derecho a veto, y las instituciones de Bretton Woods (FMI y Banco Mundial) con un sistema plutocrático de votación. Por otro lado, desde la finalización de la segunda guerra hubo ostensibles acciones bélicas unilaterales —al margen de las Naciones Unidas— que hicieron caso omiso del derecho internacional: así ocurrió, entre otras, en Panamá (1989), Kosovo (1999), Irak (2003) y Ucrania (2022). A su vez, el Estado de Israel desoyó sistemáticamente a la ONU, en lo referido tanto al respeto de los límites determinados cuando fue creado como a la instauración de un Estado Palestino.

Pero pese a esas serias limitaciones, la idea de un sistema regido por reglas y no por la fuerza (económica o militar) era la piedra basal de un orden perfectible, y ese principio no fue abiertamente cuestionado por ningún actor. Hasta la actualidad.

Hoy asistimos al desencadenamiento masivo de acciones unilaterales que violan abiertamente el derecho internacional y los derechos humanos, por parte de unos pocos países poderosos que justifican tales violaciones en la supuesta defensa de su “seguridad nacional”. Con ese pretexto, no solo se han fijado tarifas aduaneras abusivas; se han instaurado sanciones y bloqueos; se han arrasado ciudades y masacrado a decenas de miles de civiles; se ha secuestrado y asesinado selectivamente a dirigentes y científicos; se han realizado pogromos e institucionalizado la tortura; se ha anexado territorios y realizado operaciones de limpieza étnica. Además de evidenciar la impotencia de las instituciones internacionales que deberían evitarlos, tales actos de barbarie muestran una profunda crisis de valores, al no encontrar un repudio masivo y una oposición efectiva dentro y fuera de los países que los cometen.

El actual gobierno argentino, por desgracia, contribuye con entusiasmo a esta crisis de instituciones y valores. Argentina se ha retirado de la Organización Mundial de la Salud, medida absurda que solo muestra subordinación hacia los EE.UU., que ya había tomado una postura similar; asimismo, ha votado en las Naciones Unidas, casi en soledad, en contra de la autodeterminación de Palestina, de los derechos de las mujeres y las niñas, de la protección de los pueblos originarios, de la erradicación de la tortura, del levantamiento del bloqueo a Cuba, de la condena de la esclavitud. De este modo, el gobierno ha quebrantado una tradición de política exterior que defendía los derechos humanos, la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos de otros países; ha roto con la posición diplomática histórica de búsqueda pacífica se solución de controversias y de la paz internacional y el fortalecimiento de las instituciones internacionales de naciones por la que ha recibido incluso un premio Nobel. Ha deteriorado también las relaciones con muchos países del Tercer Mundo que han sido el apoyo más firme en nuestro reclamo histórico por las Islas Malvinas.

Se ha abandonado ostentosamente la vocación de independencia nacional, al declarar una “alianza incondicional” (léase subordinación) con los EE.UU. y su apoyo total al Estado de Israel, incluso en la actual guerra ilegal de agresión en contra de Irán y del Líbano. Todo ello, sin intervención del Congreso Nacional.

Este abandono de la soberanía nacional tiene su correlato a nivel de las políticas domésticas en la demolición de los instrumentos necesarios para un desarrollo independiente: se manifiesta en el abandono de la educación, de la ciencia y la tecnología, del programa nuclear, de la industria, así como en la cesión de recursos naturales y/o de los ingresos que pueden generar. El daño que estas políticas están haciendo a la Argentina es inconmensurable. Un nuevo gobierno que retome la defensa de los intereses de las mayorías populares y de la Nación deberá modificar de manera radical esta nefasta política exterior.

El panorama descrito significa, en suma, la adopción de la fuerza bélica y la violencia destructora en reemplazo de la solución pacífica de los conflictos, las vías diplomáticas y la vigencia del Derecho Internacional. Y lo que es peor, esta regresión a la brutalidad transcurre entre el silencio y la indiferencia de la opinión pública nacional y mundial.

La Universidad Nacional debe ser la conciencia viva del resguardo de nuestra identidad cultural. Por tanto, proponemos que levante su voz para denunciar la perversión de los valores y las instituciones que emanan de nuestra Constitución Nacional y se proclaman en la Carta de San Francisco de 1945 y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; que levante su voz para exigir medidas concretas que restablezcan las mejores tradiciones de nuestra diplomacia expresadas en las Doctrinas Drago y Calvo. Creemos que la Universidad Nacional debe repudiar la subordinación hacia cualquier potencia hegemónica y obrar en favor de la integración con los países emergentes que luchan por un mundo multipolar más igualitario. Es menester retomar el camino del regionalismo a través del Mercosur, mediante su ampliación y fortalecimiento y, fundamentalmente, reiterar la condición de América Latina como zona de paz, que no es solo nuestra vocación histórica, sino nuestro destino dentro de la Comunidad de Naciones.

Buenos Aires, 21 de abril de 2026