| Por Abraham Leonardo Gak |

En lo que va de este siglo, la sociedad argentina ha ido perdiendo la confianza que había depositado en el poder judicial, que debería asentarse sobre el principio de actuar con equidad y con independencia respecto de los poderes en juego.

Sería imposible pensar en un futuro de progreso del país si esta institución, que comparte el poder del Estado con el ejecutivo y el deliberativo, actúa en forma subordinada a los requerimientos de los poderes de turno, tanto oficiales como privados.

El escándalo que supone la burla en el reconocimiento de obligaciones internacionales expresada en las humillantes condiciones a las que se ha sometido a una militante popular y presa política; la intención de reducir las penas sentenciadas a asesinos, secuestradores y apropiadores; el sistema de conformación de los integrantes del Consejo de la Magistratura; la complacencia de la presidencia de la Corte Suprema para atender con torpes acciones la suspensión en sus funciones a un juez, sobre el que no existen sospechas de mal desempeño; el cumplimiento de la solicitud del propio Presidente de la Nación en el sentido de eliminar del sistema a jueces que no son afectos ni se sienten sometidos a los requerimientos del gobierno, y la inacción efectiva para esclarecer la desaparición de un ciudadano nos llevan a sospechar que no es la Justicia la que ofrece justicia.

Vivimos en una época en que las libertades individuales se han desarrollado en forma creciente y se han incorporado legítimos derechos, modificando la legislación y la aplicación sobre muchas cuestiones que el sistema jurídico no atendía, como, por ejemplo, el tema de los femicidios.

Es imprescindible contar con un poder judicial independiente, cuyos miembros cuenten con una formación específica y respetuosa de los derechos y de los principios fijados por las leyes.

El acceso de la sociedad a la información de las razones jurídicas que justifican las sentencias que los jueces emiten en cada caso es condición indispensable para el funcionamiento de un sistema económico, político y social básicamente democrático.

Una mirada crítica del actual funcionamiento del sistema nos obliga a revisarlo en su integridad, complementando sus falencias con nuevas normas jurídicas discutidas y consensuadas con toda la sociedad, por encima de la presión mediática que, en muchos casos, se transforma en un poder del Estado de influencia gravitante.

Muchos son los aspectos que deben ser examinados con este fin. Entre otros, el análisis de la metodología en la designación de dignatarios, generando un modelo de nombramientos ecuánime, con concursos abiertos a todos aquellos que quieran y que estén capacitados para desempeñar sus funciones y que se erradique el peso con que cuentan los vínculos familiares.

A esto debemos agregarle la eliminación de la concepción de permanencia sin plazos ni rendición de cuentas (y no me refiero a lo económico) y a la adquisición de un poder inmerecido que afecta la vida y los bienes de todos nosotros.

Todo ello no nos exime, por lo contrario, nos obliga a requerir y aprovechar el aporte de aquellos ciudadanos que cuentan con el prestigio, la consideración y la honestidad intelectual para enfrentar estos desafíos y no teman proponer cambios en la legislación, inclusive, en la Constitución nacional.

Este número, que hoy ponemos a consideración, es una invitación al debate de un tema esencial para consolidar el sistema democrático y los objetivos de crecimiento con equidad.