| Por María Gabriela Palacio |

El 9 de enero de 2000, Ecuador adoptó oficialmente el dólar estadounidense como su moneda, en un intento por estabilizar una economía afectada por la inflación galopante, que en ese momento alcanzaba el 96,6%. La dolarización fue presentada como una solución definitiva para controlar la inflación, restaurar la confianza en el gobierno y evitar el ciclo de devaluaciones que había caracterizado la economía ecuatoriana en las décadas anteriores. Con el tiempo, la dolarización se atribuyó como la principal causa de la estabilidad de la economía ecuatoriana.

Más de dos décadas después, la dolarización se ha consolidado como un pilar casi incuestionable de la gobernanza en el país, y existe en el imaginario colectivo un fuerte apego hacia ella, generando una defensa acérrima ante quienes la cuestionan, especialmente cuando se presenta como la explicación de la relativa y limitada estabilidad económica alcanzada en los años 2000. En la región, el proceso de dolarización ecuatoriana es visto como un ejemplo a seguir, bajo la creencia de que la adopción del dólar fue lo que estabilizó la economía ecuatoriana. Así, la dolarización se plantea como una suerte de “ingeniería inversa”, en la que, mediante el uso de una moneda dura, la economía se fortalece.

Sin embargo, esta estabilidad ha sido parcial, pues, aunque la inflación fue contenida, la dolarización no resolvió los problemas estructurales de la economía ecuatoriana. Más de dos décadas después, el país sigue enfrentando grandes desafíos en términos de dependencia de capital extranjero y recursos naturales, especialmente el petróleo, las remesas y una creciente vulnerabilidad a choques externos. El proceso de dolarización, lejos de ser un simple ajuste monetario, debe ser comprendido dentro de un marco más amplio de decisiones políticas que consolidaron y profundizaron estructuras de poder y subordinación preexistentes.

¿Por qué dolarizar?

La dolarización en Ecuador fue promovida como una solución extrema a los graves problemas macroeconómicos que el país experimentaba, principalmente la (casi) hiperinflación y la devaluación de su moneda, el sucre. Al adoptar el dólar, se esperaba eliminar el riesgo cambiario, lo que a su vez reduciría las tasas de interés y estimularía tanto el endeudamiento como la inversión. Los defensores de la dolarización sostenían que, al abandonar el sucre y adoptar el dólar, Ecuador podría integrarse más fácilmente en los mercados internacionales, fomentando el comercio y la inversión extranjera, al formar parte de un régimen de moneda común.

Sin embargo, el proceso de dolarización también tuvo un componente reactivo. Ecuador enfrentaba una crisis fiscal sin precedentes, con un endeudamiento externo creciente. En la década de 1980, la deuda externa de Ecuador se disparó, con un aumento de nueve veces entre 1975 y 1980 y un 74% más entre 1980 y 1985 (Berríos, 2006). Este ciclo de endeudamiento se vio agravado por la caída de los precios del petróleo en 1986, lo que generó una crisis fiscal y una inflación de 75% en 1989. A medida que Ecuador se encontraba atrapado en un ciclo de emisión monetaria, devaluación e inflación, la imposibilidad de cumplir con los pagos de la deuda llevó a un default en 1999, cuando el país dejó de pagar sus obligaciones con los bancos comerciales, lo que resultó en la reestructuración de la deuda mediante bonos globales bajo la supervisión del FMI. En este contexto, la dolarización se presentó como la única salida viable para evitar un colapso total.

De la estabilización a la dependencia

Al hablar de la estabilización de Ecuador tras la dolarización, hay un problema claro de atribución, pues no existe contrafactual. La dolarización tuvo efectos inmediatos: la inflación se redujo, pasando de un 96,6% en 2000 a un 6,1% en 2003, sincronizándose y convergiendo hacia las tasas de Estados Unidos (Bonilla-Bolaños & Villacreses, 2023). Sin embargo, aunque la dolarización “importó” credibilidad de Estados Unidos en el manejo de la inflación, también dejó a la economía ecuatoriana sin una política monetaria propia, dependiente de las decisiones de la Reserva Federal. Y el descenso en inflación fue comparable al experimentado por otros países de la región que lograron controlarla sin recurrir a la dolarización.

Tras la adopción del dólar, la economía experimentó un crecimiento moderado del PIB, pero este aumento estuvo también impulsado por factores externos como la recuperación de los precios del petróleo, el aumento de las remesas y las bajas tasas de interés internacionales. También, la dolarización fue implementada junto con reformas estructurales como la liberalización comercial y la privatización, lo que hace difícil determinar su impacto aislado (Bessen & Connell, 2024). La depreciación del dólar, que afectó negativamente a las economías no dolarizadas, y el auge de los precios del petróleo durante la primera década de los 2000 jugaron un papel crucial en la mejora de las exportaciones ecuatorianas. Estos elementos, junto con las remesas enviadas por la gran diáspora ecuatoriana, dificultan la identificación del impacto específico de la dolarización (Cachanosky et al., 2024).

Aunque controlada, la inflación en Ecuador continuó estando por encima de los niveles internacionales. Esto generó una apreciación del tipo de cambio real, lo que termina perjudicando las exportaciones netas, ya que los precios de los productos nacionales se encarecen en comparación con los bienes del resto del mundo.

La dolarización conlleva el riesgo de que los precios internos crezcan más rápido que los de los socios comerciales, o que estos decidan devaluar sus monedas, afectando los precios relativos frente a los del resto del mundo. Aunque la mayoría de las personas no percibe esta apreciación, ya que al dolarizarse desaparece la tasa de cambio nominal, los efectos se reflejan en los costos relativos, especialmente cuando los socios comerciales devalúan sus monedas. Un artículo reciente de The Economist (julio 2024), titulado “The strong dollar is hurting exports from Latin America”, resalta cómo las rosas ecuatorianas han perdido terreno en los mercados globales frente a competidores como Colombia, Etiopía y Kenia. Esto ha sido especialmente perjudicial después de la devaluación del peso colombiano, lo que ha permitido a los competidores de Ecuador mantener precios más competitivos en el mercado internacional. El artículo subraya que no hay evidencia de que adoptar el dólar haya mejorado los indicadores de comercio en América Latina. De hecho, la dolarización puede verse como una forma de “congelar” uno de los precios fundamentales de la economía: el tipo de cambio. Este precio debería reflejar los desequilibrios del sector externo, pero la dolarización impide que esa relación se ajuste.

Como resultado, Ecuador sigue siendo altamente vulnerable a la volatilidad de los mercados internacionales. El país sigue dependiendo de sus recursos naturales, principalmente el petróleo, lo que lo hace susceptible a las fluctuaciones de los precios de los commodities. Esta dependencia ha afectado la sostenibilidad fiscal del país, como lo evidencian los períodos de auge y caída de los precios del crudo y manejo procíclico del gasto social. En la década de 2000, el aumento de los precios del petróleo permitió financiar políticas sociales y reducir los niveles de pobreza y desempleo. En septiembre de 2014, Ecuador alcanzó su tasa más baja de desempleo desde la dolarización, con un 3,90%, y las tasas de pobreza e indigencia fueron del 24,75% y 8,56%, respectivamente. Sin embargo, a partir de 2014, la caída de los precios del petróleo llevó a Ecuador a retraer su gasto social.

Recientemente, la crisis energética ha puesto de manifiesto otras debilidades estructurales. Ecuador depende en gran medida de la energía hidroeléctrica, que representa el 90% de la electricidad del país. Sin embargo, los bajos niveles de los ríos, junto con la baja inversión en infraestructura adecuada, han obligado al país a recurrir a importaciones de electricidad desde Colombia, mientras enfrenta apagones de hasta 14 horas diarias. Esta situación resalta la incapacidad de Ecuador para adaptarse y diversificar su matriz energética, lo que refuerza la dependencia del país de recursos no renovables y lo hace más vulnerable a los riesgos externos. Además, el impulso al extractivismo, incluida la minería a gran escala ante la inminente caducidad del modelo petrolero, ha aumentado la vulnerabilidad de Ecuador frente a los efectos del cambio climático, exacerbando aún más la crisis energética.

Estructuras de poder y subordinación financiera

Según Dolores Ampuero, economista clave en la implementación de la dolarización en Ecuador, este proceso fue impulsado por un “clamor popular” que reflejaba una preferencia de la población, donde la mayoría ya había “votado” por la moneda más fuerte. Sin embargo, es importante matizar que la dolarización no fue un fenómeno espontáneo, sino un proceso que ya estaba en marcha antes de la adopción oficial del dólar en 2000. Durante la década de 1990, el uso del dólar en la economía ecuatoriana se había vuelto común, con estimaciones que indicaban que para el año 2000, cerca del 80% de la economía ya estaba dolarizada de facto. En 1999, el sistema financiero ecuatoriano cerró con un 70,75% de sus activos y un 65,84% de sus pasivos denominados en dólares, lo que reflejaba la profunda penetración de la moneda estadounidense en las transacciones financieras. Este proceso fue apoyado por leyes diseñadas para favorecer la dolarización informal (Wilkis, 2024).

Al adoptar el dólar de manera formal, Ecuador no solo realizó un cambio monetario, sino que también vivió una transformación en las relaciones de poder dentro de la sociedad. Las elites bancarias obtuvieron mayores ventajas, mientras que las clases populares experimentaron la dolarización como una imposición más que como una oportunidad (Wilkis, 2024). Los bancos domésticos fueron los principales defensores y beneficiarios de la dolarización. El proceso de sustitución de la moneda ocurrió después de un rescate financiero que aseguró el predominio de los bancos ecuatorianos en el sistema financiero del país (Paredes, 2017). Además, la dolarización ofreció a estos bancos acceso más fácil a crédito externo, lo que resultó en mayores ganancias y fortaleció su poder estructural dentro de la economía ecuatoriana. Esto convirtió a la banca privada en un actor privilegiado tras la adopción del dólar (Meireles & Rivera, 2023; Wilkis, 2024). Mientras tanto, la dolarización amplificó las desigualdades preexistentes, especialmente entre trabajadores informales y rurales, quienes históricamente tenían menos acceso a los mecanismos financieros formales. Para ellos, los ahorros perdieron valor o quedaron fuera del alcance del sistema bancario dolarizado.

En el contexto de altos índices de desempleo, que superaban el 12% en 2004 a pesar de la gran emigración de la fuerza laboral, el gobierno implementó políticas fiscales recesivas para evitar un mayor déficit externo. Esto resultó en una situación social insostenible (Jara et al., 2024). Como resultado, la dolarización disparó la emigración, especialmente hacia Estados Unidos y España, lo que convirtió a las remesas en una fuente vital de ingresos para Ecuador. Sin ellas, el país habría enfrentado un déficit crónico. Aunque las remesas sostienen el consumo de las familias, se destinan a gastos cotidianos como alimentos y alquileres, lo que limita su impacto en la inversión productiva (Vernengo & Bradbury, 2011). Esta dependencia subraya una contradicción en el modelo de dolarización: si bien las remesas mitigan los choques externos, también reflejan una economía que expele a su población. Esta expulsión, a su vez, promueve una forma de acumulación desvinculada de la producción nacional, mientras aumenta la dependencia de los flujos financieros y migratorios.

En este sentido, la dolarización en Ecuador puede ser abordada como una forma de subordinación dentro de la jerarquía global financiera. La adopción de una moneda extranjera implica una pérdida de soberanía, colocando al país en la base de una jerarquía monetaria global, donde las decisiones sobre la oferta monetaria, las tasas de interés y la política cambiaria son determinadas por actores externos, como la Reserva Federal de los Estados Unidos (Da Silva, 2024).

Esta subordinación limita gravemente la capacidad para enfrentar crisis internas y se ha acompañado por una desregulación financiera y fortalecimiento de las elites vinculadas a los mercados globalizados. Esta forma de “depósito de confianza” en el dólar ha sido utilizada para atraer flujos de inversión extranjera, reforzando el poder estructural de los inversionistas y llevando a la fuga de capitales y la expatriación de riqueza (Meireles & Rivera, 2023). Al mismo tiempo, la dolarización ha tenido el efecto de “despolitizar” la economía, ya que las políticas monetarias nacionales han sido reemplazadas por decisiones de actores internacionales.

La dolarización: de medio a fin

Cuando Ecuador reemplazó el sucre por el dólar en enero de 2000, se presentó como un puente hacia la estabilidad: domar la inflación de tres dígitos, salvar una banca quebrada y reactivar el crédito. Veinticinco años después, aquel puente parece un callejón sin retorno. El dólar dejó de ser un instrumento para convertirse en dogma; hoy la vida económica se concibe únicamente en la divisa estadounidense. Nuestros ahorros, billeteras y transacciones están anclados a ella. Pero la estabilidad que promete descansa sobre columnas frágiles: los precios del petróleo, las decisiones de la Reserva Federal y las remesas de los migrantes que la propia economía empuja a marcharse.

La victoria inicial fue innegable: la inflación cayó del 96% en 2000 a un dígito en tres años. Pero la moneda importada trajo su jaula. Sin banco central que emita ni tipo de cambio que flote, el país perdió la capacidad de amortiguar choques externos. Cada desplome del crudo, cada alza de intereses en Washington o cada sequía que merma la hidroelectricidad se traduce en recesión o endeudamiento. La política macro se limita a administrar escasez y a buscar dólares como sea: más extractivismo, más deuda, más migración.

Las remesas se han vuelto el respirador artificial del sistema. En 2023 alcanzaron 5.447 millones de dólares, más que el presupuesto anual de educación. Ese flujo proviene del trabajo precarizado de casi dos millones de ecuatorianos repartidos entre Queens, Madrid y Milán. Cuando el Norte se enfría o suben las tasas de interés, la liquidez interna se contrae antes de que hacedores de política pública en Quito puedan reaccionar, revelando la dependencia de un régimen que vive del sacrificio de su diáspora.

La paradoja resulta evidente: el país pierde trabajadores que luego apuntalan la economía desde fuera. Desde 2021 decenas de miles de ecuatorianos cruzaron el Darién con destino a Estados Unidos. Tras el retorno de Donald Trump en 2025 las deportaciones aumentaron y, en apenas diez semanas EE.UU. deportó a más de dos mil ecuatorianos, la mayoría sin audiencia. Las remesas de quienes permanecen en el exterior mantienen la liquidez; quienes retornan se encuentran con un mercado laboral dominado por la informalidad, altos niveles de violencia y cortes de energía. Equilibrar estos flujos opuestos de divisas y trabajadores plantea un reto relevante de política social.

La estabilidad nominal también es más delicada de lo que sugiere la baja inflación. El sistema opera con reservas fraccionarias: solo un tercio de M2 son billetes o reservas internacionales; el resto es crédito bancario creado internamente. La estabilidad se sostiene siempre que lleguen dólares por exportaciones, deuda o remesas. Si la balanza de pagos se deteriora por una caída del petróleo, menor inversión extranjera, salida de capitales o disminución de las remesas, las reservas se reducen con rapidez. En ese escenario la escasez de efectivo puede derivar en corridas bancarias. El desafío principal no es la capacidad de imprimir dinero sino la de conseguirlo.

El tipo de cambio fijo distribuye beneficios y costos de forma asimétrica. Favorece a importadores, bancos y consumidores urbanos con ingresos en dólares, pero reduce la competitividad del agro y la manufactura frente a vecinos que devalúan sus monedas. Cuando el peso colombiano se abarata, las flores ecuatorianas pierden cuota de mercado y las fincas reaccionan recortando salarios o cerrando. La dolarización no corrige la desigualdad: la traslada al exterior al convertir la migración en principal fuente de divisas al ser las remesas principal amortiguador de la balanza de pagos. A escala interna, la brecha social y la inseguridad aumentan.

Tras las elecciones de 2025, el gobierno reelecto ratificó la defensa del esquema, mientras que la coalición derrotada pagó caro el haber planteado una “dolarización a la ecuatoriana”, propuesta confusa que mezcló desinformación y lecturas contradictorias, reavivando la polarización sobre la moneda. El Ejecutivo aún no explica cómo obtendrá los dólares que sostienen el régimen. Mantenerlo exige superávits externos y un pacto productivo que diversifique exportaciones con mayor valor agregado y retenga el ahorro que hoy se va como capital especulativo. Estas piezas siguen ausentes de la agenda económica oficial.

El argumento de que una moneda fuerte crea una economía fuerte se invierte en la práctica: son las economías diversificadas y solventes las que respaldan monedas demandadas globalmente. La apertura financiera, sin controles efectivos, facilitó operaciones de lavado estimadas en 3.500 millones de dólares en 2021, mientras los indicadores de violencia en Ecuador se deterioran.

En suma, la dolarización contuvo la inflación, pero redujo el margen para diseñar políticas de desarrollo y convirtió la migración en mecanismo de ajuste. El debate relevante ya no es dólar sí o dólar no, sino cómo alinear el régimen monetario con una estrategia que genere divisas productivas, proteja el ahorro y disminuya la dependencia de remesas. Sin ese giro, la sostenibilidad del sistema seguirá dependiendo de factores externos que Ecuador apenas controla.

Referencias bibliográficas

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