La reconfiguración del sindicalismo internacional en tiempos globales

En la presente etapa del capitalismo, las organizaciones sindicales intentan actualizarse en cuanto a formas de organización. Esto abarca la conformación de nuevas agendas, la articulación con movimientos sociales globales y el desafío de mantener la capacidad de negociación frente a los conglomerados empresariales transnacionales. En el Cono Sur de nuestro continente, la tendencia actual es inversa.
Luego del derrumbe e implosión del régimen socialista soviético, el movimiento sindical internacional –y su expresión regional– se mostró gélido frente a las reformas del Estado y la hegemonía del neoliberalismo global. La finalización de la Guerra Fría los había dejado sin herramientas ideológicas de clase, en tanto percepción del mundo a partir de narrativas políticas dicotómicas.
La economía capitalista global significó la completa trazabilidad del mercado de capitales, de bienes y la sujeción de la fuerza de trabajo en los mercados nacionales a partir de las restricciones que los países desarrollados impusieron a la libertad de circulación de personas. La caída de los costos de logística y la inmaterialidad y virtualidad de los productos mercantiles, sumado a la temprana estrategia de descentralización productiva de las grandes empresas, y los cambios de gestión y management, repercutieron en las estrategias sindicales para lograr la interlocución con un sector empleador cada vez más invisible y anónimo. Las empresas multinacionales (EMNs) construyeron la coetánea dinámica del escenario internacional capitalista, donde las decisiones se adoptan en territorios, contextos y objetivos extraños a los espacios de producción, distribución y circuitos de comercialización.
Los estudios recientes sobre globalización y conflictividad obrera demuestran que, si bien los sindicatos tuvieron una reacción algo aletargada respecto de la transnacionalización del capital y siguieron circunscriptos a lógicas y dinámicas nacionales, comenzaron hacia fines del siglo XX a dar respuestas de unidad a través de estrategias sectoriales de los sindicatos mundiales fundados o reactivados para dar respuestas globales a una disputa que se daba en ese terreno desde su génesis.
Las nuevas configuraciones sindicales mundiales
Luego de la caída del Muro de Berlín, los sindicatos comunistas mantuvieron una resistencia férrea, aunque el impacto del cambio de ciclo socavó las bases de afiliación a la Federación Sindical Mundial (FSM). No obstante, contaron y cuentan hasta la fecha con el apoyo de China, con el mayor número de afiliados y, en consecuencia, el sustento económico de la organización.
Del otro lado del arco ideológico, las negociaciones para la fusión de los dos conglomerados sindicales mundiales más importantes –la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y la Confederación Mundial del Trabajo (CMT)– se iniciaron en los albores del presente siglo como respuesta tardía a los embates neoliberales, la desprotección laboral y en consonancia con la revisión de funciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los principios de Trabajo Decente. En dicho marco se funda, en el 2006, en la ciudad de Viena, la Confederación Sindical Internacional (ITUC-CSI) y, dos años después, la regional americana (CSA). En nuestras latitudes, la afiliación a esta central fue mayoritaria, incluyendo todo el universo de centrales argentinas, las tres principales de Brasil, las de Chile, de Paraguay, y el insólito caso uruguayo que, si bien no se afilió a la internacional, mantiene estrechos vínculos, mandato orgánico y participación plena en la regional americana (CSA).
Un análisis del comportamiento sindical de estas organizaciones muestra, en comparación con antaño, que su condición clasista está más diluida en tanto sus tareas se concentran en la incidencia en los objetivos y políticas en el marco de Naciones Unidas (como por ejemplo con la Agenda 2030), en el clásico espacio tripartito de la OIT, en la OCDE (a través de la instancia de participación sindical, TUAC) del G20 (a través de la participación en el Labour 20) y en políticas de reconocimiento (juventud, derechos de las mujeres trabajadoras –Convenio 189 OIT–, migrantes). En esta tipificación, la lucha por la eliminación y juzgamiento a la explotación infantil, la trata de personas o el trabajo forzoso, la violencia de género en tanto reivindicaciones de derechos humanos, o la oposición a los Tratados de Libre Comercio, la incidencia para la reforma tributaria progresiva, la fiscalidad, la debida diligencia en las cadenas de suministros de las multinacionales, gobernanza climática, cambios en los modelos de producción y consumo, en tanto reivindicaciones de justicia económica y redistribución, parecieran conformar el paradigma de búsqueda de justicia social del siglo XXI. Asimismo, existe una política de articulación con movimientos sociales globales como las feministas, los pueblos indígenas, los jóvenes, ambientalistas, LGTBI, ONGs de desarrollo, que ponen de manifiesto la ruptura del aislamiento sindical respecto de otros colectivos sociales, y a su vez, tal vez una dilución de las representatividades diferenciadas de estos espacios de la sociedad civil.
Los sindicatos globales
El sindicalismo internacional tiene una larga trayectoria en nuclear sindicatos de rama de actividad, sobre todo en sectores como el transporte marítimo que logró un régimen internacional específico dentro de la propia OIT. Pero a partir de fin de siglo XX apostaron a la unificación de oficios por “familias productivas de trazabilidad de bienes y servicios” y a la refundación de un espacio más agresivo de políticas sindicales sobre las EMN. Los sindicatos globales se nuclean en “Agrupación Global Unions – GUFs”, por ramas o familias de actividad.
Su accionar es global y trabajan en pos de negociar con EMNs donde se emplea a los trabajadores que sus afiliadas representan, siendo una contraparte genuina de la fuerza de trabajo de la misma. El objetivo de estos sindicatos globales es el crecimiento de las organizaciones sindicales por rama, la negociación con empresas multinacionales para el respeto a los derechos humanos y a los derechos laborales, como parte integrante de los primeros. En los últimos años ha habido un proceso de unificación de sindicatos globales para lograr una mayor articulación y sinergias con las modalidades que las transnacionales adoptan al tener producciones diversificadas y atender una gama heterogénea de productos físicos, simbólicos o inmateriales y servicios.
El movimiento sindical en el Cono Sur
El movimiento sindical mundial y regional esgrime en todas sus proclamas la necesidad de la unidad para afrontar los embates del capitalismo neoliberal de esta segunda década del siglo XXI. Un rastreo más acabado por el derrotero sindical de los últimos años en nuestro continente muestra que, en forma inversa a lo expresado en las tribunas y congresos sindicales, tanto en la dimensión organizacional (cantidad de centrales obreras nacionales) como en la dimensión estratégica (unidad o dispersión en la acción sindical), el movimiento obrero de nuestra región ha evidenciado en la última década una fuerte directriz hacia la división, la atomización y la conflictividad intrasindical, en detrimento de la interlocución con el capital y el Estado.
Dentro de la sociología del trabajo, especialistas sindicales como Cecilia Senén González y Andrea Del Bono o M. González describieron durante la primera década del siglo XXI un proceso de revitalización obrera en el período de los gobiernos populares en el Cono Sur (2002-2016), que se puede medir por dimensiones análogas en Argentina, Brasil, Uruguay, e incluso Chile y Paraguay, a saber: incorporación de afiliados; horizontalización de estructuras sindicales; realización de manifestaciones públicas con alta capacidad de movilización, y articulación con otros actores de la sociedad.
El período de gobiernos populares en Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Venezuela y Ecuador, junto a los procesos más eclécticos de los gobiernos de Michelle Bachelet en Chile (2006-2010, 2014-2018) y el interregno de Fernando Lugo en Paraguay (2008-2012), transformaron significativamente la realidad y gravitación del movimiento obrero, así como un nuevo vínculo entre gobierno y sindicatos. Un caso paradigmático fue Uruguay: con más de cuarenta leyes de protección laboral, que incluyeron la instauración de negociación colectiva en dicho país; un crecimiento exponencial de la central obrera, que triplicó la cantidad de trabajadores sindicalizados, y la puesta en marcha del instituto de negociación colectiva por rama, que estuviera por décadas inactivo.
La proliferación y revitalización sindical en Argentina, Brasil y Uruguay durante los gobiernos populares significó para las centrales una reorientación de sus estrategias hacia el espacio nacional, soslayando la larga tradición de sindicalismo regional –a través de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur– o, incluso, en las Américas. Este fenómeno tiene múltiples causas, entre las cuales se pueden enumerar el propio cambio productivo que engendró nuevas actividades y profesiones, el conflicto intersindical que fundó nuevos sindicatos, la reactivación del tripartismo y una alta tasa de sindicalización. Tal como se expresa en el gráfico 1, la tasa de sindicalización de los países del Cono Sur pone por sí sola de manifiesto la relevancia como sujetos históricos en la región, sobre todo si se la compara con los demás países de América latina, e incluso del sur europeo, de amplia tradición sindical pero menor incidencia relativa actual.
Gráfico 1. Tasa de Sindicalización Países Seleccionados de América LatinaFuente: Elaboración Propia en base a datos ILO -2012
Desaparecido el mecanismo disciplinador y desmovilizante del desempleo de la década de los ’90, los trabajadores y trabajadoras se organizaron en un clima de luchas reivindicativas que fueron en parte alentadas por los gobiernos populares de estos países. Si analizamos la conflictividad laboral, se observa una metamorfosis a lo largo de casi tres lustros, a medida que las instancias de diálogo social se fueron institucionalizando (Consejo Económico Social de Brasil, Consejos del Salario en Argentina, convenios colectivos en Uruguay).
En el caso argentino, por ejemplo, la efervescencia de los conflictos en los lugares de trabajo, liderados por las comisiones internas, con demandas de mejoras salariales, se vio en muchas fábricas y unidades productivas irrumpidas por fenómenos que excedieron a las cúpulas dirigenciales, y surgieron sindicatos de base con fuertes críticas a las prácticas tradicionales del sindicalismo.
A pesar de los déficits en materia de derechos fundamentales o de representación obrera para gran parte de los trabajadores, un cambio en la lógica del conflicto fue la reaparición de la lucha intersindical que promovió la división y fragmentación, alentada en algunos casos por los oficialismos gobernantes. El gremialismo –en un contexto de expansión– hizo abuso de prácticas conocidas por “cazar en el zoológico” y no enfatizó estrategias para amplificar la base de sustento de legitimidad con más trabajadores sindicalizados. Durante la primera década del siglo se incrementó una puja intrasindical de representación de los mismos colectivos, generalmente trabajadores que, por sus pautas de comportamiento y consumo, semejan a la aristocracia obrera, aun cuando ello no tenga su correlato con las condiciones materiales de vida.
Simultáneamente, el mayor problema del mercado de trabajo en América latina es la precarización laboral, que fragmentó al colectivo de la clase trabajadora hacia el interior de las unidades productivas a través de la tercerización, la subcontratación en la cadena de valor y la contratación de trabajadores con convenios diferenciados, que fue socavando la identidad de los trabajadores respecto de sus conducciones gremiales. A ello hay que agregar la incorporación de una nueva generación, cuyas demandas trascendieron los derechos laborales más clásicos y se concentraron en el transporte público, la calidad de vida, la conciliación vida laboral y ocio, y cuya mayor expresión fueron las revueltas juveniles de San Pablo durante 2014. A la luz de los desafíos futuros, el sindicalismo deberá prestar mayor atención y establecer políticas concretas para dar respuesta a este fenómeno epocal, ante la fragmentación del sujeto “obrero” histórico, la heterogeneidad de la identidad trabajadora y las necesarias recomposición e igualdad de derechos.
Problemas estructurales y nuevos desafíos en tiempos de neoconservadurismo
Como se expresó en el acápite precedente, el período popular deja como asignatura pendiente la estructural precarización laboral, que incluso fue mutando en estatutos legales. Las condiciones de empleo de los trabajadores informales y precarios se caracterizan por la corrosión de las tutelas laborales, ya sea a través de cambios en las modalidades de contratación y empleo o reducción del estatuto legal del trabajo. Al no existir indicadores precisos y sistematizados del ambiguo concepto de “precariedad”, estas nuevas formas de gestión del capital ocultan eficientemente el objetivo central: aumentar el ratio de acción de plusvalía.
Para un sindicalismo que se moldeó de acuerdo al sistema fordista de producción, con un sujeto masculino, asalariado y proveedor de bienes a la unidad doméstica familiar, con altos índices de empleo y una red de institutos laborales que lo resguardaban, la precarización estructural, que data de más de tres décadas, no pareciera ser excusa de mutaciones vertiginosas. Por el contrario, es necesario conocer si efectivamente ya han desarrollado dispositivos para resistir este tipo de prácticas empresariales –y estatales– de precarización, cuyo objetivo es conservar la fuerza de trabajo en un estado de vulnerabilidad y de desmovilización que le impida actuar colectivamente.
La comparación de la historia reciente deja un sesgo de pérdida importante para la unidad sindical. Las centrales argentinas, brasileñas, chilenas se dividieron, atomizaron sus estrategias, dando mayor ventaja a los gobiernos neoconservadores al momento de desembarcar con programas de ajuste estructural, de reducción de derechos sociales, económicos, culturales e incluso de derechos humanos y de las libertades políticas más elementales. El denominado proceso de “autorreforma sindical”, que fuera enarbolado como uno de los programas más fuertes de reforzamiento sindical en la década pasada en las Américas, a la luz de los resultados, no ha logrado sus objetivos fundamentales de lograr la unidad en la acción preservando las identidades o construcciones orgánicas diferenciadas.
Por otra parte, la unidad en la acción subregional, como es en el caso de los sindicatos del Mercosur, se vuelve un imperativo ineludible si se desea resistir a los tratados de libre comercio, como el Acuerdo de Asociación de este bloque con la Unión Europea, así como con Canadá y con México. Este entramado sindical, que desde sus orígenes se forjó en el integracionismo, deberá fortalecer su acción reivindicativa y de resistencia, ante los nuevos escenarios que arrinconan a los procesos de democracia en la región y desarrollan nuevos paradigmas de inserción periférica y de subordinación respecto de los países centrales.
Paralelamente, en este contexto, los sindicatos de las Américas deberán adoptar estrategias más contundentes de inclusión de los trabajadores informales, precarios, pensados como una sola clase trabajadora y no solo asalariada. La reestructuración exigiría la revisión de las estructuras, la mayor cobertura de trabajadores, facilitar la diversidad y la participación de las bases. La ampliación del universo de trabajadores exige empoderar a la juventud trabajadora como sujeto social y sindical. Una de las problemáticas más agudas para la sindicalización de la juventud está dada por el desprestigio y las campañas antisindicales en el apogeo del neoliberalismo, su recrudecimiento actual y las estrategias del capital para alinear a las nuevas generaciones bajo los axiomas de un capitalismo consensuado, la mercantilización del trabajo y el relajamiento de las identidades laborales. El segundo colectivo más vulnerado son las mujeres, y el gremialismo del siglo XXI debe tenerlas como protagonistas; ya es un lugar común el proceso de feminización del mercado de trabajo y es un acto de justicia institucionalizar esa feminización en las estructuras y conducción sindical. El tercer grupo de trabajadores más vulnerados está constituido por los y las migrantes, donde el sindicalismo entiende que el derecho humano es prioritario y que la libre circulación de personas garantiza el derecho al migrante.
Finalmente, habiendo desarrollado los déficits de las estructuras sindicales, existe consenso en la militancia obrera –cualquiera sea su procedencia– acerca de que la restructuración clave debe ser el sindicato de rama, para impedir la dispersión y sus efectos negativos para los derechos del trabajo. La unidad de acción construiría un bloque de contrapoder frente a las amenazas reales de restricciones a la democracia como régimen político y a las libertades individuales como la expresión y manifestación, o a derechos colectivos como la libertad sindical.
El escenario regional es el espacio por excelencia para la reestructuración de los marcos de acción colectiva del movimiento obrero de América latina, como piedra angular para promover el fortalecimiento de las organizaciones sindicales, resistir la nueva embestida neoconservadora contra la democracia, los derechos humanos, laborales, económicos y sociales y reconstruir la identidad latinoamericana. Si bien la región tiene una experiencia reciente de resistencia regional frente a la reducción de los marcos de acción hacia el interior de las fronteras, en los últimos tiempos está en juego la velocidad de reflejos de la clase trabajadora frente a un avance neoconservador que, en menos de dos años, ha avasallado el derecho al trabajo, incluso arrinconándolo hasta el punto de inflexión de volver a la esclavitud. Prueba de ello es la nueva ley de reforma trabalhista de Brasil y la reforma previsional de Argentina. En todo caso, estos retrocesos han demostrado que los derechos surgen de la lucha obrera y no son meras concesiones, y que el valor significativo de esos derechos está en su institucionalización y en la movilización y las conciencias de las trabajadoras y trabajadores.
Autorxs
Marita González:
Doctora en Sociología (UCA), Licenciada en Ciencia Política (UBA), Profesora en la Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Ciencias Sociales y Ciclo Básico Común de la UBA. Investigadora del Instituto Gino Germani en temas vinculados a estrategias empresariales y sindicales en Multinacionales en el Cono Sur. Asesora de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Confederación General del Trabajo, representante por el sector sindical en el Mercosur y en la Alianza Global para la Eficacia al desarrollo en trabajos vinculados a las políticas de la Agenda 2030.