El presente texto es una adaptación del capítulo “Criptomonedas: la batalla final entre el Estado y el liberalismo” publicado en el libro Criptomonedas: un desafío al Estado y a los bancos, de Martín Burgos y Sofía Scasserra (coordinadores), Peña Lillo Ediciones Continente (2024)

| Por Sofía Scasserra |

A lo largo de la historia, el capitalismo ha logrado privatizar prácticamente todo: recursos naturales, servicios públicos, conocimiento e incluso aspectos básicos de la vida social. Sin embargo, existe un elemento que hasta ahora ha resistido los intentos de privatización: la emisión monetaria. El dinero y su control siguen siendo, en gran medida, potestad de los Estados a través de sus bancos centrales. Las criptomonedas emergen como el último intento del proyecto liberal por conquistar este territorio aún inexplorado por el capital privado.

Este artículo plantea que las criptomonedas no son simplemente una innovación tecnológica o una nueva forma de inversión, sino que representan un proyecto político que busca erosionar una de las últimas herramientas de soberanía estatal: el control sobre la moneda. Este proyecto no es casual ni aislado, sino que está intrínsecamente vinculado con el surgimiento de las grandes empresas tecnológicas y la nueva economía digital basada en el control de datos y plataformas.

El objetivo es analizar cómo este intento de privatización monetaria se relaciona con el poder creciente de las empresas tecnológicas y sus monopolios digitales. Se argumentará que, para que las criptomonedas puedan realmente funcionar como dinero, necesitan dos elementos fundamentales que históricamente han sido exclusivos del Estado: el monopolio y la capacidad de coerción. Las grandes empresas tecnológicas, a través de su dominio del mercado digital y su capacidad para imponer condiciones a usuarios y empresas más pequeñas, podrían proporcionar estos elementos.

Sin embargo, este proceso enfrenta obstáculos significativos porque el dinero no es solo un medio de intercambio o una reserva de valor: es, ante todo, la expresión de un proyecto político y social. Por ello, la batalla por el control monetario es, en última instancia, una batalla por el futuro de la organización social y económica. Comprender esta dimensión política de las criptomonedas es fundamental para desarrollar respuestas adecuadas que permitan aprovechar los beneficios de la innovación tecnológica sin comprometer la capacidad del Estado para conducir políticas económicas y sociales en beneficio del conjunto de la sociedad.

El dinero como proyecto político

Para entender por qué las criptomonedas no han logrado reemplazar al dinero tradicional, es necesario comprender que una moneda es mucho más que unidad de cuenta, medio de pago o reserva de valor. El dinero es, ante todo, la expresión de un proyecto político y social que refleja los valores, objetivos y conflictos de una sociedad.

Cuando un Estado emite y controla su moneda, no está realizando simplemente una operación técnica o económica. Está ejerciendo una función política fundamental: determina cuánto dinero circula en la economía, influye en cómo se distribuye la riqueza y financia las políticas públicas que la sociedad necesita. Por ejemplo, cuando observamos el dólar estadounidense, vemos más que una moneda: representa un proyecto de dominación económica global que permite a Estados Unidos exportar su inflación a otros países. El euro, por su parte, simboliza el proyecto de unificación europea, que buscó resolver siglos de conflictos internos creando una moneda común, externalizando sus conflictos internos a través de su moneda.

En algunos países en desarrollo, como la República Argentina, la inflación persistente no es un simple problema técnico, sino que refleja las luchas sociales por la distribución del ingreso. Cuando diversos sectores de la sociedad pelean por su parte del pastel económico, esta pugna se manifiesta en aumentos de precios. Por eso, una sociedad más igualitaria con control sobre su moneda tiende a tener menor inflación dado que hay menos conflicto distributivo que resolver.

Las criptomonedas, en cambio, carecen de este sustento político-social. No representan un proyecto colectivo ni tienen una autoridad que las respalde y garantice su valor. Son, en esencia, la suma de decisiones individuales motivadas principalmente por la especulación financiera. Esta es la razón fundamental por la que países como El Salvador han fracasado en sus intentos de adoptar Bitcoin como moneda oficial: sin un proyecto político detrás, sin una autoridad que la respalde y sin mecanismos para adaptarla a las necesidades de la economía, una criptomoneda no puede cumplir las funciones sociales básicas del dinero.

Este es el motivo por el que el liberalismo económico, a pesar de sus múltiples intentos, no ha podido privatizar la emisión monetaria dado que el dinero es inseparable del proyecto político que representa y de la autoridad que lo respalda.

La revolución digital y el nuevo capitalismo

El surgimiento de las criptomonedas no puede entenderse sin analizar las transformaciones que la revolución digital ha provocado en el capitalismo contemporáneo. En las últimas décadas hemos presenciado el nacimiento de un nuevo modelo económico basado en el control y procesamiento de datos masivos, que ha dado lugar a algunas de las empresas más poderosas de la historia.

Este nuevo capitalismo digital funciona de manera diferente al tradicional. Si antes una empresa necesitaba materias primas para producir bienes, ahora las grandes tecnológicas utilizan datos para predecir y modificar comportamientos. Recopilan información sobre lo que hacemos, compramos, buscamos y hasta pensamos, la procesan mediante algoritmos complejos y la transforman en predicciones valiosas sobre nuestro comportamiento futuro. Este conocimiento les permite dominar mercados enteros.

Lo más llamativo de estas empresas es su estrategia de crecimiento. Durante sus primeros años, gigantes como Amazon operaron con pérdidas millonarias. No porque su negocio no fuera rentable, sino porque invertían enormes cantidades de dinero en desarrollar su tecnología y, sobre todo, en eliminar o comprar a su competencia. El objetivo era claro: lograr el monopolio de sus respectivos mercados. Una vez conseguido esto, pueden imponer sus propias reglas de juego.

Este poder se extiende más allá de sus propios negocios. Las pequeñas y medianas empresas se ven forzadas a vender a través de estas plataformas si quieren sobrevivir, ya que se han vuelto los nuevos intermediarios obligados del comercio digital. Un producto que no está en Amazon o en algunas de las megaplataformas como Mercado Libre, o no se puede encontrar en Google prácticamente no existe para los consumidores. Así, estas empresas no solo dominan sus mercados directos, sino que controlan el acceso al mercado digital en su conjunto.

La revolución digital ha ocurrido tan rápidamente que los Estados no han podido mantener el paso. La falta de regulación permitió que estas empresas acumularan un poder sin precedentes. Recién ahora, más de dos décadas después, empiezan a surgir intentos serios de regular su poder, principalmente desde la Unión Europea y China. Sin embargo, el poder acumulado es tan grande que incluso las mayores economías del mundo encuentran difícil controlarlas.

El proyecto Cripto como extensión del poder digital

No es casualidad que las criptomonedas hayan surgido en paralelo con el auge de las grandes empresas tecnológicas. De hecho, representan el siguiente paso lógico en la expansión del poder digital: después de controlar los datos y las plataformas de comercio, el siguiente objetivo es controlar el dinero mismo.

El caso más revelador fue el intento de Facebook (ahora Meta) de crear su propia moneda digital, inicialmente llamada Libra. El proyecto no era una simple aventura tecnológica: la empresa planeaba asociarse con otras compañías como Uber y diversos sistemas de pago digital. Imaginemos el escenario. Un conductor de Uber recibiendo su pago en la moneda de Facebook, que solo podría gastar dentro del ecosistema de empresas asociadas. Este sistema hubiera creado un circuito monetario privado, donde las grandes tecnológicas tendrían el poder que hoy tienen los bancos centrales.

Si bien el proyecto Libra fracasó debido a la resistencia de los reguladores financieros, especialmente en Estados Unidos, reveló las verdaderas ambiciones del poder tecnológico. Las grandes empresas digitales ya tienen los dos elementos que históricamente permitieron al Estado controlar el dinero: el monopolio (control sobre el mercado) y la capacidad de coerción (poder para forzar el uso de su sistema).

Este poder se hace aún más evidente en el desarrollo de las llamadas “ciudades inteligentes”, donde las empresas tecnológicas no solo controlan la infraestructura digital, sino que también influyen en cómo la gente accede a servicios básicos, se transporta o realiza pagos. La integración de sistemas de pago digital en estas plataformas es un paso más hacia la privatización del dinero.

El discurso que acompaña a las criptomonedas suele hablar de descentralización y libertad del control estatal. Sin embargo, la realidad muestra que el poder sobre estos sistemas tiende a concentrarse en pocas manos. Existen grandes mineros de criptomonedas, inversores millonarios y, cada vez más, las propias empresas tecnológicas. La supuesta democratización del dinero termina siendo una transferencia de poder del Estado hacia los gigantes digitales.

Los límites del proyecto Cripto

A pesar de más de una década de desarrollo y promesas de revolucionar el sistema financiero, las criptomonedas enfrentan obstáculos fundamentales que limitan su capacidad para convertirse en verdadero dinero. Estos límites no son simples problemas técnicos que puedan resolverse con mejores algoritmos, sino barreras estructurales que cuestionan la viabilidad del proyecto en su conjunto.

El primer límite es la volatilidad extrema de su valor. El precio de las criptomonedas puede subir o bajar dramáticamente en cuestión de horas. Esta inestabilidad quedó claramente expuesta cuando la Reserva Federal de Estados Unidos aumentó las tasas de interés. Los inversores rápidamente abandonaron las criptomonedas para comprar bonos del gobierno, más seguros y ahora más rentables. Esta reacción demostró que el supuesto “valor intrínseco” de las criptomonedas es más un mito que una realidad.

El segundo límite es la dependencia de inversores grandes. El sistema necesita que continuamente ingresen nuevos compradores para mantener su valor, lo que lo hace más parecido a un esquema piramidal que a un sistema monetario estable. Cuando los grandes inversores se retiran, como ocurrió en varias ocasiones, el sistema entero se tambalea.

El tercer límite es la complejidad técnica. A pesar de los intentos por simplificar su uso, las criptomonedas siguen siendo demasiado complejas para la mayoría de las personas. El experimento de El Salvador, que intentó adoptar Bitcoin como moneda oficial, demostró que la tecnología no está lista para el uso cotidiano masivo.

Pero el límite más fundamental es la falta de un proyecto político-social detrás. Las criptomonedas funcionan como activos especulativos porque eso es lo que son: instrumentos financieros diseñados para generar ganancias rápidas. No tienen la capacidad de adaptarse a las necesidades de una economía real, no pueden financiar políticas públicas y no responden a ningún proyecto colectivo.

Estos límites explican por qué las criptomonedas, a pesar de su sofisticación tecnológica, no han logrado reemplazar al dinero tradicional. Sin embargo, esto no significa que desaparecerán. Es más probable que continúen existiendo como un instrumento financiero más, útil para la especulación y como forma de evadir controles estatales, pero sin llegar a cumplir las funciones sociales básicas del dinero.

Conclusiones y propuestas

El análisis desarrollado nos permite comprender que las criptomonedas no son simplemente una innovación tecnológica neutral, sino la manifestación ideológica que busca privatizar una de las últimas herramientas de soberanía estatal: el control sobre la moneda. Este proyecto está íntimamente ligado al poder creciente de las empresas tecnológicas y su capacidad para crear y controlar nuevos mercados digitales.

La resistencia de la moneda a ser privatizada no es casual ni se debe a limitaciones técnicas. El dinero sigue siendo una herramienta estatal porque está intrínsecamente vinculado a proyectos políticos y sociales colectivos. Cuando un país pierde el control de su moneda, como ocurre en la dolarización, no solo pierde una herramienta económica: pierde la capacidad de conducir su propio destino como sociedad.

Sin embargo, sería ingenuo pensar que las criptomonedas desaparecerán. Lo más probable es que continúen evolucionando y buscando nuevas formas de insertarse en el sistema financiero. El desafío no es eliminarlas, sino comprender su verdadera naturaleza para regularlas adecuadamente y evitar que se conviertan en herramientas para socavar la capacidad del Estado de conducir políticas económicas y sociales.

En este sentido, proponemos cuatro líneas de acción fundamentales:

Primero, es necesario fortalecer la regulación de las empresas tecnológicas. Su poder actual les permite moldear mercados enteros y, potencialmente, imponer sus propias formas de dinero. Regular este poder es crucial para mantener la soberanía monetaria.

Segundo, los Estados deben modernizar sus sistemas de pago y financieros. Las criptomonedas surgieron, en parte, como respuesta a las ineficiencias del sistema tradicional. Los bancos centrales pueden adoptar tecnologías digitales sin renunciar al control monetario.

Tercero, es fundamental desarrollar marcos regulatorios específicos para las criptomonedas que permitan aprovechar los beneficios de la tecnología blockchain sin comprometer la estabilidad financiera ni la capacidad de conducción económica del Estado.

Cuarto, resulta imprescindible promover la educación financiera y digital de la población. La complejidad del sistema financiero actual hace que muchas personas sean vulnerables a promesas de ganancias rápidas o sistemas financieros supuestamente revolucionarios.

El futuro de la moneda no debe decidirse en función de la innovación tecnológica o los intereses privados, sino a través de un debate democrático que considere el bien común. La tecnología puede y debe servir para mejorar los sistemas monetarios, pero sin comprometer su función social y política fundamental.