| Por Sebastián Zuker |

En el año 1996 fue promulgada la ley 24.557 sobre riesgos del trabajo ante un agotamiento del sistema vigente desde el año 1915. Dentro de los objetivos que la mencionada ley establece, se encuentran: a) reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo; b) reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado; c) promover la recalificación y la recolocación de los trabajadores damnificados; d) promover la negociación colectiva laboral para la mejora de las medidas de prevención y de las prestaciones reparadoras.

Para ello se crea un seguro social obligatorio gestionado por agentes privados (ART), favoreciendo la competencia y garantizando protección oportuna y automática al trabajador con el otorgamiento de prestaciones médicas (asistencia médica y farmacéutica, prótesis y ortopedia, rehabilitación, recalificación profesional, servicio funerario) y prestaciones dinerarias.

A su vez, la ley crea la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entidad autárquica en jurisdicción del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. Entre otras funciones, se le asignan las siguientes: a) controlar el cumplimiento de las norma de higiene y seguridad en el trabajo; b) supervisar y fiscalizar el funcionamiento de las ART y empresas autoaseguradas; c) imponer sanciones; d) requerir la información necesaria para cumplimiento de sus competencias, y e) mantener el Registro Nacional de Incapacidades Laborales en el cual se registrarán los datos identificatorios del damnificado y su empresa, época del infortunio, prestaciones abonadas, incapacidades reclamadas, y además deberá elaborar los índices de siniestralidad.

Para ello, la superintendencia dictó, desde el año 1996, diferentes resoluciones regulando la forma en que las ART/Empleadores Autoasegurados deben enviar la información referente a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Las últimas de ellas actualmente vigentes son las resoluciones SRT N° 3326/14 y N° 3327/14. La primera de ellas determina los datos referidos al accidente de trabajo que deben declararse al Registro Nacional de Accidentes de Trabajo (RENAL). La segunda hace referencia a los datos que formarán parte del Registro de Enfermedades Profesionales.

En base a la información contenida en los mencionados registros, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo elabora desde el año 1996 estadísticas oficiales sobre la evolución de la accidentabilidad en la República Argentina. Y ese es sin dudas un logro de la ley 24.557: permitir que por primera vez en el país se pueda contar con información sistematizada, validada, procesada y analizada, contando así con un insumo fundamental para poder definir políticas públicas concretas y eficientes.

Evolución de la accidentabilidad 1997-2014

La SRT elabora dos índices de accidentabilidad recomendados por la XIII Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo y por la Organización Internacional del Trabajo (OIT): uno global, incluyendo todo tipo de accidente o enfermedad profesional que haya generado al menos un día de baja. Y otro índice sólo para accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales (AT/EP), excluyendo a aquellos accidentes de trabajo ocurridos in itinere (trayecto desde o hacia el lugar de trabajo), por considerar que estos últimos tienen una característica particular que los diferencia de aquellos casos ocurridos en el lugar de trabajo.

El índice de incidencia mide la cantidad de accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales con baja que se notificaron, cada mil trabajadores expuestos.

A su vez, resulta incompleto hablar de la evolución de la accidentabilidad si no se analiza también la evolución de la cobertura del sistema de riesgos del trabajo. Porque la función primordial de los índices de incidencia es permitirnos establecer relaciones entre los casos notificados y la población de referencia, pudiendo realizar comparaciones interanuales ante variaciones de cualquiera de ellos.

La cobertura de trabajadores dentro del sistema de riesgos del trabajo pasó de 3,5 a 9,5 millones de trabajadores desde julio de 1996 a diciembre de 2014, reflejando un crecimiento de poco más del 170% (Gráfico 1). Sin embargo, la cantidad de accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales con al menos un día de baja pasó de 309.268 casos en el año 1997 (primer año completo) a 418.259 casos en el 2014 (datos provisorios), es decir, un crecimiento de apenas el 35% en la cantidad absoluta de casos notificados.

Gráfico 1. Evolución de la cantidad de trabajadores cubiertos
por el Sistema de Riesgos del Trabajo. Julio 1996-diciembre 2014

Esta disparidad de crecimiento entre trabajadores expuestos y casos notificados se refleja en la evolución del índice de incidencia. Este indicador pasó de 70,9 a 46,5 accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales con baja cada 1.000 trabajadores expuestos, evidenciando una caída del 34,4%. Sólo entre el año 2008 y el 2014, el indicador cayó casi un 29% (Gráfico 2).

En contraposición, el indicador que refleja un crecimiento casi ininterrumpido desde el inicio del sistema es el índice de incidencia de accidentes in itinere. Este indicador, que mide los accidentes ocurridos en el trayecto desde y hacia el lugar del trabajo, ha crecido un 165% desde el año 1997, pasando de 5,5 a 14,6 accidentes cada mil trabajadores expuestos. Tan sólo en este último año parece reflejarse un cambio en la tendencia creciente, registrando una baja del 3% entre el 2013 y el 2014. Estos valores están relacionados directamente con el incremento de los accidentes de tránsito y configuran un subgrupo de casos que deben analizarse en función de sus características propias, en un contexto diferenciado del resto de los accidentes de trabajo.

Gráfico 2. Evolución de los índices de incidencia global, de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales (AT/EP) y de Accidentes In Itinere. Período 1997-2014 (provisorio)

La mortalidad laboral en la Argentina 1997-2014

Una de las principales críticas que reciben los datos sobre accidentes y enfermedades profesionales es la posible subregistración de casos que puede existir por parte de las empresas, principalmente siniestros leves, que no ocasionan una gran cantidad de días perdidos. Ello se explica principalmente debido al impacto que puede tener una mayor cantidad de casos denunciados, en la alícuota que finalmente paga el empleador a la ART.

Sin embargo, los fallecimientos ocurridos en ocasión del trabajo se transforman en el dato más duro que posee el sistema. Tanto por la gravedad del acontecimiento como por la imposibilidad de ocultarlo.

Durante el año 2014 se produjeron 777 fallecimientos por accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales ocurridos en el lugar de trabajo o in itinere, 61 casos menos que en el 2013, 199 menos que en el 2012 y 243 menos que en el 2007. Y ello dentro de un escenario de crecimiento de la población expuesta (Gráfico 3).

Gráfico 3. Cantidad de casos mortales notificados
y cantidad de trabajadores expuestos promedio. Período 1997-2014 (provisorios)

Por ello, para una correcta comparación interanual pueden analizarse los índices de incidencia. Y este índice de incidencia en fallecidos registra una caída continua desde el inicio del sistema. Registró su valor más elevado en el año 1997, cuando se contabilizaron 149,2 trabajadores fallecidos por accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales (excluyendo accidentes in itinere) cada millón de trabajadores expuestos. Y alcanza el valor más bajo de la serie en el año 2014, donde 47 personas cada millón de trabajadores expuestos, perdieron la vida en ocasión del trabajo. Ello implica una baja en el índice del 68,5% desde el inicio del Sistema de Riesgos del Trabajo (Gráfico 4).

Gráfico 4. Evolución de los índices de incidencia en fallecidos global
y sólo para Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (AT/EP). Período 1997-2014

La incidencia según sector de actividad registra una tendencia similar al total de la economía. Los sectores con mayor incidencia de casos mortales, tales como la construcción, la agricultura y el transporte, registraron en el 2014 los índices de incidencia en fallecidos para accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales más bajos desde el comienzo del Sistema de Riesgos del Trabajo. Entre el 2012 y el 2014, la construcción redujo su índice de incidencia un 40%, pasando de 258,5 a 155,7 fallecidos cada millón de trabajadores cubiertos. La agricultura pasó de 170,7 a 128 fallecidos cada millón de trabajadores cubiertos en ese mismo período (25% de reducción). Y el transporte, por su parte, redujo su índice un 32% al pasar de 185,8 a 126,1 (Gráfico 5).

Gráfico 5. Evolución de los índices de incidencia en fallecidos para Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales (AT/EP). Sector Construcción, Agricultura y Transporte. Período 1997-2014

Esta tendencia se refleja en todos los grandes sectores de actividad de la economía, tales como la minería (redujo un 66%), electricidad, gas y agua (37%) y la industria manufacturera (36%), excepto en los servicios sociales, donde el índice mostró una leve alza del 1 por ciento.

Indicadores de accidentabilidad y evolución de la actividad económica

Desde la sanción de la ley 24.557, la accidentabilidad del Sistema de Riesgos del Trabajo ha atravesado tres etapas bien diferenciadas, si se la compara con la evolución de la actividad económica.

El Gráfico 6 muestra la evolución del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) anual elaborado por el Indec, y del Índice de Incidencia AT/EP, ambos con base en el año 1997. Allí puede observarse que en los primeros ocho años del sistema el nivel de actividad condicionaba el comportamiento de la accidentabilidad.

Gráfico 6. Evolución del EMAE (serie de precios de 1993)
vs. Índice de Incidencia AT/EP. Período 1997-2014. Año base 1997

Hay dos etapas destacables:

• Una primera etapa (1997-2004) donde los comportamientos de las variables estaban relacionados de forma positiva, por lo que sugiere que la accidentabilidad estaba supeditada al nivel de actividad, es decir, a más actividad mayor cantidad de accidentes. Hasta el año 2000 se observa una relativa estabilidad de ambos indicadores. Con el inicio de la crisis ambos índices caen. A partir de diciembre de 2001, el índice de incidencia cae a un mínimo de 51 accidentes cada mil cubiertos (27% de reducción respecto del máximo de los años previos). Aquí también la actividad alcanza mínimos de toda la serie. Con la recuperación económica el índice de incidencia crece más rápido que la actividad, aunque sin llegar a máximos del inicio del sistema de riesgos. El estimador mensual de la actividad económica continúa con su tendencia creciente durante todo el período.

• Una segunda etapa (2005-2014) donde la situación es completamente inversa, debido a que el crecimiento de la actividad económica estuvo acompañado por medidas que ayudaron a que dicha relación cambiara. Hay dos hechos destacables; el primero es respecto de la nueva tendencia descendente del índice, que se mantiene constante hasta mediados del 2008 para luego acelerarse, encontrar una estabilización en los años 2010 y 2011, y luego retomar la baja hasta mínimos históricos del sistema, llegando en el 2014 a 46,5 accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales cada 1.000 cubiertos. Por su parte, entre 2008 y 2010 el EMAE presenta un estancamiento producto de la crisis internacional, pero luego retoma la tendencia ascendente hacia 2011 y alcanza máximos históricos en el 2014. La principal conclusión de esta etapa es que se verifica un cambio claro de comportamiento entre el nivel de actividad económica y su relación con la accidentabilidad.

Conclusión

La ley arrojó resultados positivos en aspectos relacionados con la disminución de la accidentabilidad. Los índices de incidencia en fallecidos registran una disminución casi continua desde el inicio del sistema. Por su parte, tenemos una clara tendencia decreciente en términos del índice de incidencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para toda la serie desde 1997, mientras que por el contrario, la cantidad de cubiertos asciende de manera constante. Esto quiere decir que en términos relativos la situación de accidentabilidad ha mejorado desde la implementación de la ley.

Si bien tuvo sus oscilaciones según el período que se encontrara, el año 2005 indica el inicio de un cambio en el comportamiento en la relación que hasta el momento mostraban la tasa de accidentabilidad y crecimiento económico.

El cambio de política a partir del año 2005 y sobre todo desde el año 2008 (año en el cual comienza a tomar fuerza la tendencia a la baja de los accidentes laborales) tiene sus frutos al alcanzar una situación histórica, registrándose valores mínimos de todo el período en el índice de incidencia.