| Por Carlos Weitz |

El proceso de digitalización experimentado por nuestras sociedades en las últimas décadas ha transformado el funcionamiento de los sistemas monetarios de todo el planeta, fomentando la innovación y facilitando la inclusión financiera de millones de personas que nunca habían tenido una cuenta bancaria o accedido a un crédito en condiciones razonables.

Las nuevas tecnologías se han visto plasmadas en el universo financiero principalmente en el segmento de pagos, donde se ha facilitado la posibilidad de efectuar transferencias inmediatas montadas sobre infraestructuras de pagos tanto públicas como el PIX en Brasil o el UPI en la India, o privadas como en el caso de Argentina en la denominada estrategia de transferencias 3.0.

Entre las numerosas y disruptivas nuevas tecnologías emergentes en la última década, la denominada cadena de bloques (blockchain) abrió la puerta a la creación de nuevos activos criptográficos descentralizados o tokens (representaciones digitales de cualquier activo) que desafiaron y desafían al sistema financiero tradicional, por su capacidad de realizar transferencias desde y hacia cualquier lugar del planeta las 24 horas de los 365 días del año.

El origen de estos criptoactivos se remonta a la crisis financiera global del año 2008 en un escenario donde se evidenció el descrédito de entes centralizados (reguladores financieros, Tesoros, agencias calificadoras de riesgo, entidades financieras) responsables de la hecatombe financiera, situación que configuró una coyuntura ideal para el desarrollo de activos digitales privados creados por una confluencia de corrientes ideológicas afines pero diversas como la libertaria, la anarcocapitalista o la cypherpunk.

A las criptomonedas privadas emergentes de esa crisis (Bitcoin, Ether y otras) que no cuentan con respaldo de ningún activo, siguieron las Stablecoins (usdt, usdc), fundamentalmente atadas a monedas fiduciarias como el dólar, que facilitaron la concreción de pagos y de transacciones transfronterizas que podían instrumentarse fuera del radar de los reguladores. Como consecuencia de la creación de estos instrumentos financieros se desarrolló, además, un complejo ecosistema de Finanzas Descentralizadas (DeFi) difícil de abordar para quienes intentan regularlo.

Simultáneamente al crecimiento de este ecosistema, otro fenómeno relevante cambió y sigue cambiando aceleradamente la morfología de los sistemas financieros y de pagos. Grandes empresas tecnológicas innovadoras como Apple en Estados Unidos, Alibaba en China o Mercado Libre en Latinoamérica aprovecharon ventajas regulatorias y su enorme acceso a información de clientes, masajeada por herramientas de ciencia de datos e inteligencia artificial, para irrumpir con fuerza en el mundo financiero brindando mejores experiencias a los usuarios, incorporando a millones de personas a productos financieros, aprovechando cargas regulatorias más ligeras que las que enfrenta el sistema bancario tradicional.

Estos procesos basados en innovación tecnológica interpelaron a los bancos centrales y a los sistemas financieros tradicionales cuestionando no solo las políticas monetarias de sus monedas fiat (emitidas por las autoridades monetarias) sino también su eficiencia en términos de inclusión, velocidad, funcionamiento y costos de los sistemas de pagos locales y transfronterizos.

En parte en respuesta a esas innovaciones, los bancos centrales de gran parte del planeta empezaron a analizar y en algunos casos a instrumentar las denominadas monedas digitales públicas (CBDC –Central Bank Digital Currencies–).

Qué son las CBDC

Las CBDC son monedas de curso legal emitidas por los bancos centrales en forma digital que tienen el mismo valor que la moneda fiduciaria como medio de intercambio, depósito de valor y unidad de cuenta.

De acuerdo con informes producidos por Banco de Pagos de Basilea (BIS que agrupa a casi todos los bancos centrales del planeta), el 93% de los bancos centrales encuestados por el organismo declararon que analizan involucrarse en alguna forma de CBDC, y de este universo el 18% afirmó que plantea lanzar una moneda digital pública para los ahorristas minoristas en el corto plazo.

Actualmente un total de 105 jurisdicciones/uniones monetarias participan en el desarrollo de monedas digitales de bancos centrales minoristas o mayoristas.

Cuatro países, Bahamas, Zimbabue, Nigeria y Jamaica, ya han lanzado sus monedas digitales públicas con distintos formatos y modesto grado de éxito, mientras que un gran número de países se encuentra desarrollando estas iniciativas en programas piloto.

La arquitectura financiera definida por cada banco central para sus CBDC tiene implicancias profundas sobre el sistema monetario y financiero del país. Una primera decisión de los bancos centrales es, si su CBDC va a ser distribuida solo entre el público minorista en forma directa o intermediada a través de entidades financieras, o a través de un sistema híbrido que contemple ambas alternativas, pero en capas separadas.

Simplificando (mucho) en los objetivos de cada modalidad, mientras que las monedas digitales públicas minoristas apuntan a lograr una mayor inclusión financiera y eficiencia en los sistemas de pagos, las mayoristas que requieren acuerdos bilaterales o multilaterales se orientan a facilitar los pagos transfronterizos.

La conceptualización del modelo de CBDC a adoptar resulta central para definir qué tipo de tecnología se implementará, si las tradicionales que ya usan los bancos centrales o las nuevas tecnologías de registro distribuido (DLT), entre las que se destaca la denominada Blockchain, muy utilizada por gran parte del universo cripto.

Los numerosos avances producidos en los últimos meses en este sentido resultan reveladores. Por ejemplo, entre otras muchas iniciativas el BIS trabaja con un grupo de países (Tailandia, China, Hong Kong y Emiratos Árabes Unidos) en un proyecto denominado “mbridge”, una plataforma blockchain para efectivizar más ágilmente pagos transfronterizos.

El mismo organismo junto con los bancos centrales de Francia, Singapur y Suiza concluyeron con éxito el denominado Proyecto Mariana que apunta a mejorar el comercio y la liquidación transfronteriza de monedas digitales mayoristas de bancos centrales (denominadas wCBDC) entre instituciones financieras. Este sistema utiliza nuevos conceptos tecnológicos de finanzas descentralizadas (DeFi) en una cadena de bloques pública.

Beneficios y riesgos de las CBDC

Los principales beneficios que podrían aportar las CBDC al universo financiero son:

1. Inclusión financiera. El carácter digital de estas monedas puede favorecer una mayor inclusión financiera proporcionando un mayor y mejor acceso a servicios financieros a poblaciones no bancarizadas o con acceso limitado a los servicios bancarios,

2. Facilidad en transferencias. Las CBDC pueden agilizar los sistemas de pago tanto en lo referido a transferencias locales como las transfronterizas que suelen resultar costosas y lentas.

3. Proteger a usuarios financieros minoristas. A diferencia de los criptoactivos privados, en el caso de las CBDC el respaldo de los gobiernos minimiza los riesgos en términos de fraudes, de seguros de depósitos ante posibles insolvencias.

4. Mayor efectividad de política monetaria. Asimismo este tipo de monedas públicas brindan mayores grados de libertad a los bancos centrales en términos de un control sobre la política monetaria. En este sentido situaciones inesperadas como la de la pandemia requirieron agilidad operativa por parte de los bancos centrales.

5. Combatir actividades ilegales. El monitoreo de estas cuentas permite controlar más efectivamente todo tipo de actividades como vinculadas a lavado de dinero, la evasión fiscal y otros delitos difíciles de rastrear para la justicia en plataformas privadas y pseudo anónimas usualmente utilizadas por los criptoactivos privados.

6. Fomentar la innovación. La posibilidad de montar los denominados “contratos inteligentes” sobre las plataformas en las que operan estas monedas públicas abre la puerta a todo tipo de innovaciones, tales como las tokenizaciones de activos o la posibilidad de hacer pagos programados de todo tipo.

Por el contrario, existen reparos a las CBDC vinculados a:

1. Violaciones a la privacidad. La posibilidad que los bancos centrales puedan monitorear todas las operaciones que se realizan con las CBDC ha abierto un debate que va desde la posibilidad de excluir del monitoreo operaciones de baja denominación, hasta el instrumentarlas en redes descentralizadas que preserven la privacidad en la medida de lo posible.

2. Impacto negativo en la banca comercial. La posibilidad de que las personas puedan tener su dinero en cuentas abiertas directamente por los bancos centrales podría llevar a un proceso de desintermediación bancaria con efectos sistémicos relevantes.

3. Riesgos de ciberseguridad e infraestructura vulnerable. La ciberseguridad es uno de los principales riesgos que afronta el sistema financiero global en su conjunto. El desarrollo de este tipo de iniciativas digitales públicas que administran una gran cantidad de datos y que navegan sobre redes “hackeables” obliga a desarrollar infraestructuras robustas y que puedan ser interoperables con otros sistemas.

Geopolítica e interés nacional, Trump, BRICS y Europa

La creación de monedas digitales públicas (y privadas) alcanza derivaciones económicas y políticas que exceden a los sistemas financieros locales.

En un mundo con características bipolares o multipolares, cada país y bloque de países han tenido una respuesta idiosincrásica al fenómeno de las monedas digitales protegiendo sus intereses concretos.

Una de las primeras órdenes presidenciales emitidas el pasado 23 de enero por Donald Trump titulada “Fortalecimiento del liderazgo estadounidense en tecnología financiera digital” ha sido inequívoca a la hora de apoyar el desarrollo de activos digitales privados, defendiendo el uso de la tecnología blockchain, la autocustodia de activos, así como los criptodólares emitidos por empresas privadas siempre bajo el liderazgo y la soberanía de los Estados Unidos.

Al mismo tiempo que la orden promueve el mundo digital privado, rechaza enfáticamente a las monedas digitales emitidas por bancos centrales (CBDC), describiéndolas como una amenaza a la estabilidad del sistema financiero, a la privacidad individual y a la soberanía de los Estados Unidos, incluso prohibiendo el establecimiento, la emisión, la circulación y el uso de cualquier CBDC dentro de ese país.

Por su parte, los países que conforman el denominado grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, entre otros) avanzan individual (y colectivamente con otro conjunto de naciones) a ritmos diversos en el desarrollo de sus monedas digitales, amagando simultáneamente con crear una moneda común o mecanismos de pago que minimicen o reemplacen la dominancia del dólar.

Mientras países de la Unión Europea decidieron instrumentar lentamente el euro digital, el Reino Unido y Rusia avanzan en iniciativas nacionales similares.

En términos de desarrollos domésticos de monedas digitales, en China ya funciona un programa piloto que cuenta con más de 260 millones de billeteras personales activadas con yuanes digitales (e-CNY).

En la última reunión de los BRICS de octubre del 2024 el grupo planteó como un objetivo el “fortalecimiento de las redes de corresponsalía bancaria dentro del BRICS y la habilitación de liquidaciones en monedas locales en línea con la Iniciativa de Pagos Transfronterizos del BRICS (BCBPI)”, también conocida como BRICS Pay.

Algunos países integrantes del BRICS ya cuentan con infraestructuras para sostener esta iniciativa. La red Mir de Rusia, la Interfaz Unificada de Pagos (UPI) de la India y las bigtechs chinas WePay y AliPay son algunas de las herramientas en la construcción de BRICS Pay.

En la reunión de BRICS del año pasado, el presidente de Brasil, Lula da Silva, declaró su voluntad de establecer un nuevo sistema de pagos entre las naciones que integran BRICS, señalando que “necesitamos trabajar para que el orden multipolar que deseamos se refleje en el sistema financiero internacional”.

El DREX brasileño

En el caso de Brasil, el Banco Central de ese país está avanzando en la creación del Real Digital (al que denominaron DREX), proyecto en el que participan las principales instituciones financieras (y no financieras) del país vecino, como Bradesco, Banco do Brasil, Itaú Unibanco y otros.

Su uso apunta al universo de pagos minoristas con un horizonte de puesta en marcha hacia finales de 2025, potenciando operaciones en línea y el desarrollo de modelos innovadores a partir de evoluciones tecnológicas tales como contratos inteligentes, internet de las cosas (IoT) y dinero programable.

El soporte tecnológico seleccionado para la prueba piloto del real digital reside en una blockchain (llamada Hyperledger Besu), es decir, la misma tecnología que utilizan las criptomonedas.

Hay, al menos, otros dos aspectos relevantes a considerar respecto del proyecto piloto del Real Digital. Uno es que la iniciativa incorpora a la Secretaría del Tesoro de Brasil, ya que prevé la tokenización de pagos para la compra de títulos públicos federales. Además, recientemente, el Banco Central de Brasil anunció una integración del Real Digital por medio de Contratos Inteligentes (Smart-contracts) con los sistemas de escrituración de nuestro vecino país, de modo que al hacer el pago de un bien registrable (una casa, un automóvil) se efectúe automáticamente la escrituración digital del mismo.

Y segundo, y más relevante para nuestro país, que su desarrollo permitiría compatibilizar la interconexión con CBDC de otros bancos centrales a efectos de lograr una mayor integración financiera y comercial.

El caso de la moneda digital de Brasil, iniciada por el gobierno de Bolsonaro y continuada notablemente por el de Lula, pone en evidencia que estas tecnologías, más allá de posiciones meramente ideológicas sin sustento técnico, pueden ser usadas como plataformas tanto para potenciar la innovación privada como para mejorar la inclusión financiera.

En este contexto es que la reciente orden presidencial emitida por Donald Trump contra las CBDC apunta a dinamitar estas iniciativas de monedas digitales públicas buscando preservar la dominancia global del dólar estadounidense.

La Argentina en su laberinto

Lo señalado parece indicar una tendencia lenta pero firme a nivel mundial hacia la creación de dinero digital de curso legal, utilizando nuevas tecnologías entre las que se destacan las de registro distribuido (DLT) y su plataforma estrella, la blockchain.

La mayoría de los bancos centrales están iniciando proyectos con la intención de emitir su propia CBDC. El objetivo no es introducir otra moneda separada, sino crear una nueva forma digital de dinero del banco central.

En este marco, no resulta neutro para la Argentina el hecho de que dos de nuestros principales socios comerciales, China y Brasil, estén poniendo en marcha pruebas piloto de sus respectivas monedas digitales.

Por cuestiones ideológicas, la Argentina parece desestimar una herramienta que permitiría alinearnos tecnológicamente al resto del mundo garantizando una mayor inclusión financiera, inmediatez en los sistemas de pagos y un sistema financiero más competitivo que empodere a los ciudadanos.

La Argentina podría desarrollar una CBDC con dinero programable, similar a la que está impulsando Brasil, que dialogue con las entidades financieras, las tarjetas de crédito y los proveedores de servicios de pago y de crédito, mejorando la eficiencia del sistema financiero actual, ampliando la oferta de servicios financieros a la población que aún se encuentra desatendida por encontrarse en la informalidad o por carecer de recursos.

Explorar las CBDC no es solo un ejercicio técnico, sino también una necesidad estratégica para el país. Constituye una oportunidad para que el dinero electrónico público y la infraestructura doméstica e internacional sirvan a los intereses tanto de nuestros ciudadanos como de la economía en general.

Los avances tecnológicos que han signado esta década en el universo de las finanzas internacionales (y en el mundo en general) han traído soluciones de todo tipo, creando al mismo tiempo nuevos paradigmas políticos, culturales, económicos y sociales.

La Argentina debe abrirse y abrazar democráticamente estos procesos de innovación pública y privada orientándolos a lograr un desarrollo inclusivo en la sociedad digital.